En las horas previas a la comparecencia forzosa y contraria al derecho internacional del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el clamor por su libertad se ha intensificado con masivas movilizaciones en las cercanías a la sede de ese tribunal, uno de los más relevantes del sistema judicial estadounidense, cita Telesur.
Las protestas, marcadas por indignación, denuncian lo que expertos califican como el mayor atropello al Derecho Internacional en el siglo XXI, señalando que el mandatario fue secuestrado ilegalmente en Caracas, capital venezolana, durante la madrugada del sábado 3 de enero junto a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.
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Los asistentes exigen la liberación inmediata del mandatario venezolano, al tiempo que denuncian que este proceso judicial es una fachada para una agresión bélica que busca apropiarse de los recursos naturales de la nación suramericana.
???????????? | Masivas movilizaciones en Nueva York exigen la liberación inmediata del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente Cilia Flores, secuestrados el sábado 3 de enero.pic.twitter.com/Hwa4RlybLF
— teleSUR TV (@teleSURtv)January 5, 2026
Estas acciones de protesta se desarrollan también en múltiples lugares de la ciudad y se suman a las concentraciones registradas el pasado fin de semana frente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro y su esposa se encontraban recluidos en áreas aisladas.
Entre consignas como “¡América Latina no es de ustedes!” y “¡No más golpes de Estado!”, los manifestantes han señalado que la Administración de Donald Trump ha cometido un acto criminal al invadir un país soberano para capturar a su Jefe de Estado.
Para los movimientos sociales, no se trata de una operación judicial legítima, sino de una estrategia de saqueo que vulnera la soberanía de los pueblos y que pretende imponer la fuerza por encima de la diplomacia, utilizando el pretexto del narcotráfico para ocultar intereses energéticos estratégicos.
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Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la gravedad del secuestro del presidente Maduro radica en que tanto Estados Unidos como Venezuela son miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y están sujetos a su Carta fundamental.
Acción unilateral de Washington vulnera artículos 1º y 2º, y el Capítulo VII de la Carta de la ONU
La acción unilateral de Washington vulnera los artículos 1º y 2º, así como el Capítulo VII de dicha Carta, que prohíben recurrir al uso de la fuerza o a su amenaza. Al atacar Venezuela y secuestrar a su Jefe de Estado, se ha violado la Resolución 3314, que define la agresión como el uso de la fuerza armada contra la soberanía de otro Estado, y la Resolución 2625, que obliga a mantener relaciones pacíficas.
No se trata de la violación de principios generales abstractos, sino de normas vigentes que el Gobierno de Trump ha decidido ignorar deliberadamente.
Jurídicamente, el secuestro de un presidente en ejercicio constituye un crimen de guerra que rompe con todas las normas de inmunidad soberana, un precedente que expertos como William Schabas sugieren debería ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional.
El secuestro de Maduro evoca los capítulos más oscuros de la política exterior de Washington
El secuestro de Maduro evoca los capítulos más oscuros de la política exterior de Washington, como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega o la agresión a Irak en 2003, confirmando una vez más la tendencia de los ejecutivos republicanos a actuar al margen de la legalidad internacional.
En el ámbito interno venezolano, la situación ha tomado un giro inesperado para los planes de Washington, ya que el Estado Bolivariano permanece en pie bajo el amparo de la Constitución de 1999.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso el sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma y ejerza como encargada todas las atribuciones y facultades propias del cargo de presidente de la República.
Esta decisión busca asegurar la continuidad administrativa del país y la defensa integral de la nación venezolana, garantizando que el funcionamiento del Estado no se vea interrumpido tras la ilegal operación ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump.
Gobierno bolivariano no ha sido derrocado
La respuesta institucional demuestra que el Gobierno bolivariano no ha sido derrocado y que el secuestro del líder venezolano y su esposa está, por el contrario, reforzando la cohesión interna y la resistencia popular frente a las acciones de Estados Unidos.
Desde el 3 de enero, el pueblo venezolano se ha movilizado masivamente en las calles, plazas y avenidas de los distintos estados del país. Estas concentraciones populares han tenido como objetivo central denunciar las acciones unilaterales de Washington y exigir el retorno de Nicolás Maduro y de la primera combatiente.
La indignación popular se ha intensificado al conocerse las consecuencias de la operación militar estadounidense, que acabó con la vida de civiles y militares venezolanos.
Ante este escenario de violencia, los manifestantes también exigen un pronunciamiento firme y una respuesta inmediata de los organismos internacionales para que se garantice el respeto a la vida y a la determinación soberana de Venezuela.
