El tribunal aceptó que dos de las enmiendas planteadas sigan adelante: la contratación laboral por horas en el sector turístico y la reducción del número de legisladores.
En cambio, rechazó la pregunta con la cual el mandatario buscaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que según la Corte alteraría la estructura del Estado.
Además, frenó la intención del jefe de Estado de permitir el juicio político a jueces constitucionales, medida que, a criterio del organismo, afectaría la independencia judicial.
La Corte también rechazó la sugerencia del gobernante de someter a consulta popular la reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas.
En resumen, de las cinco preguntas que estaban pendientes de análisis por la Corte, la entidad solamente aprobó dos. Por tanto, el plan del Ejecutivo de realizar un referendo en diciembre de este año queda reducido, por ahora, a cuatro preguntas.
A la del trabajo por horas en el turismo y la de la reducción de los asambleístas se sumarían las interrogantes sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y la eliminación del financiamiento estatal para organizaciones políticas.
Esas dos últimas ya pasaron el trámite correspondiente en la Asamblea Nacional y requieren ratificación ciudadana mediante referendo.
En relación con otra iniciativa de un proyecto de reforma parcial a la Constitución que buscaba permitir la castración química obligatoria para condenados por delitos sexuales, el organismo judicial señaló que no procede porque carece de sustento científico.
Esta decisión de la Corte se da en medio de las tensiones con el presidente Noboa debido a que el organismo suspendió temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo que acumulan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad.
Para Noboa, la decisión de frenar temporalmente sus iniciativas limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad, por lo cual convocó a una marcha contra la Corte que reunió a miles de personas en Quito el pasado 12 de agosto y llamó a otra movilización el próximo 11 de septiembre.
Relatores de Naciones Unidas, expertos ecuatorianos y organizaciones sociales han expresado preocupación por las presiones y críticas del Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional y consideran que eso representa una amenaza a la independencia del tribunal.
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