A dos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la Comisión Especial encargada de su seguimiento presentó este miércoles un balance oficial que refleja el impacto de esta medida en el panorama político y social del país.
Según el reporte técnico de la Comisión, la iniciativa impulsada por la presidenta (E) Delcy Rodríguez ha procesado un total de 12.187 solicitudes válidas, resultando en la liberación de miles de ciudadanos que se encontraban bajo procesos judiciales.
Cifras clave del proceso
El informe detalla la transición de los beneficiarios hacia un estatus de libertad sin restricciones:
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Personas previamente privadas de libertad: 314 ciudadanos han salido de los centros de reclusión.
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Personas con medidas cautelares: 8.302 ciudadanos que se encontraban en libertad condicional o bajo régimen de presentación recibieron el sobreseimiento de sus causas.
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Total de libertades plenas otorgadas: 8.616 personas.
«Estos son resultados directos, concretos y tangibles de una iniciativa que busca traducir la política en tranquilidad para las familias venezolanas», destacó Jorge Arreaza, presidente de la comisión, en su cuenta en Instagram.
Hacia el reencuentro nacional
La Comisión Especial subrayó que el flujo de solicitudes no se ha detenido. Se reporta la recepción constante de peticiones tanto de venezolanos residentes en el país como de aquellos en el exterior que han manifestado su voluntad de reintegrarse a la vida política nacional.
El organismo enfatizó que el otorgamiento de estos beneficios está ligado a un compromiso explícito por parte de los solicitantes: el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la disposición de realizar aportes significativos al reencuentro nacional y la preservación de la paz.
Este balance se presenta como un hito en la agenda de normalización institucional, marcando un precedente en el uso de la amnistía como herramienta para la resolución de conflictos políticos internos.
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