Morel llegó a decir el 27 de agosto, en el último «en vivo» que promovió el grupo en la red social twitter, que en el nombre de Alá pedía que alguien incrustara un avión en la casa de la vicepresidenta, como se hizo «en el Pentágono».
Fue el mismo día que Fernando Sabag Montiel (autor material del atentado fallido) hizo su primer atisbo de magnicidio, sobre el que avanzó al intentar gatillar cinco días después en compañía de Brenda Uliarte.
En el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del país sudamericano, que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Gerardo Pollicita, se consigna que los referentes de la agrupación llamaban a poner «una bomba en la Casa Rosada», «prender fuego», matar directamente a Cristina Fernández y a los manifestantes que la apoyaban. Pedían «desfigurarle la cara», «tirar agua hirviendo» a ella y a los militantes y clamaban por lo mismo para otros dirigentes, incluso para Alberto Fernández, mientras alternaban ideas golpistas de cómo hacerlo renunciar.
Revolución Federal y el atentado a Cristina
El juez y el fiscal ya plantearon que el grupo ultraderechista Revolución Federal con sus acciones, tanto en las calles como en las redes sociales, se convirtió “en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner«, el 1º de septiembre.
Hasta ahora se conocían pequeños tramos de esas charlas Twitter Spaces, como aquel donde Morel decía que si no le conocieran la cara «los nenes de la Cámpora» se metía entre la militancia, «canto la marcha peronista siete días seguidos y paso a la historia». Pero ese y otros conceptos que agitaban ideas violentas y asesinas se repiten y aparecen en propuestas asombrosas a lo largo de cinco conversaciones virtuales donde figuraban como administradores Sabrina Basile y Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra también participan, menos activamente.
La causa sobre Revolución Federal y la del atentado, pese a todo, siguen tramitando en forma separada, porque así lo dispusieron la jueza María Eugenia Capuchetti y el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el arquero de la Liverpool, el equipo donde también juegan el fiscal y el presidente del Tribunal que juzgan a Cristina Kirchner.
Mientras tanto, Flavio Caputo, titular de Caputo Hermanos, la empresa que pagó unos 13 millones de pesos a través de la carpintería de Morel, se dio por imputado y nombró abogado en la causa que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi.
T/ Página12/ LRDS
