Dina Boluarte tiene 34 denuncias en su contra en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene un total de 34 denuncias presentadas en su contra, confirmó la fiscal general Delia Espinoza, quien rechazó que el Ministerio Público pretenda dar un «golpe de Estado blando», como afirmó la mandataria al quejarse de supuesto acoso político.

«La señora (Boluarte) dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso», declaró Espinoza en entrevista con el programa dominical Cuarto Poder del canal América Televisión.

La fiscal de la nación precisó que la mayoría de denuncias contra la gobernante han sido presentadas por ciudadanos, pero aclaró que «no se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración, En los demás casos se recaba documentos, testigos, algunas pericias”.

Espinoza negó el supuesto acoso político señalado por Boluarte y pidió que no se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho.

«Por lo tanto, nosotros al no ejercer política, ¿Cómo vamos a promover un golpe (de Estado)? No entiendo, la verdad, no sé cómo se haría sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso», manifestó.

Boluarte ha sido citada en varias ocasiones al despacho de Espinoza para declarar por varios casos, en algunos de los cuales se ha rehusado a contestar, a raíz de las investigaciones preliminares por los fallecidos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, en el presunto encubrimiento de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y sobre las joyas y relojes de lujo recibidas de un gobernador regional, entre otros temas.

La presidenta Dina Boluarte acusó horas después del allanamiento a la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a la Fiscalía y a la prensa de confabularse para orquestar lo que ella llamó “un golpe de Estado blanco”. La mandataria también cuestionó si el Ministerio Público estaba protegiendo a empresas o personas involucradas en casos de corrupción.

Sobre la fiscal también pesa una denuncia constitucional por supuesto abuso de autoridad y que podría costarle una inhabilitación por diez años. A Espinoza se le acusa de haber investigado a un grupo de diputados que aprobaron un proyecto de ley sobre remuneraciones a policías y militares retirados. Ante esto, Espinoza ha afirmado que tiene «la conciencia tranquila».

T: Agencias