Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025, en un operativo que la organización sin fines de lucro, Cristosal, dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció como irregular, señalando que se realizó sin orden judicial, con engaños de la Policía Nacional Civil, lo que denota un patrón de abuso de poder.

La detención se llevó a cabo luego de que la Fiscalía salvadoreña, bajo la evidente influencia del Gobierno de Nayib Bukele, acusara de corrupción a la destacada jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, por su supuesta participación “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” en el momento en que se desempeñaba como asistente del exfuncionario Eugenio Chicas.

Desde su detención, Ruth López, con firmeza y convicción, se ha declarado públicamente como una perseguida y «presa política», enfatizando su inocencia frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que reemplazaron el cargo original de peculado. La acusada ha denunciado que detrás de este proceso judicial fabricado, existe una clara y premeditada intención de silenciar su voz, una voz crítica y valiente que ha expuesto la corrupción y defendido los derechos humanos en un contexto cada vez más restrictivo.

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Acciones judiciales contra Ruth López han generado rechazo

La acciones judiciales contra Ruth López ha generado rechazo en sectores de la sociedad civil salvadoreña. Frente a los tribunales, movimientos sociales y trabajadores se congregaron para expresar su solidaridad y rechazo a esta decisión judicial. Desde Cristosal, se destacó la «fuerza colectiva» presente en el juzgado y en las redes, calificando el respaldo como «concreto, valiente y necesario» en un entorno hostil para quienes defienden la democracia y la justicia.

La comunidad internacional también ha alzado su voz ante este atropello. Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han condenado la «criminalización» de Ruth López y exigido su liberación inmediata. En un comunicado, WOLA expresó su profunda preocupación por las «irregularidades» en el caso, incluyendo la negación de un juicio público, lo que constituye una flagrante violación del debido proceso y los derechos fundamentales en un país donde la independencia judicial es cada vez más cuestionada.

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La situación se ha exacerbado con la imposición del régimen de excepción, que ha permitido al gobierno de Bukele consolidar un control autoritario a expensas de las libertades individuales. Miles de personas han sido detenidas sin las debidas garantías, y sus familias viven en la incertidumbre sobre su paradero y bienestar. El caso de Ruth López se convierte así en un símbolo de la creciente represión y el intento de acallar cualquier forma de disenso bajo el manto de una supuesta «seguridad ciudadana» cita TeleSUR.

LRDS