El Ministerio de Defensa del gobierno interino de Siria anunció este lunes el fin de todas sus operaciones militares contra grupos leales al derrocado presidente Bashar al-Asad en las provincias costeras de Latakia y Tartús, tras varios días de violencia que dejó más de 1.300 muertos, la mayoría de la minoría alauita.
«Pudimos absorber los ataques de los remanentes del régimen extinto y sus oficiales, destruimos su elemento sorpresa y pudimos mantenerlos alejados de los centros vitales y asegurar la mayoría de las carreteras públicas que habían utilizado como punto de partida para atacar a civiles», sostuvo el portavoz de Defensa de la nueva Administración de Siria, el coronel Hasán Abdulghani, al anunciar el fin de la operación «con éxito».
De acuerdo con los informes de ONG y prensa, la cantidad de fallecimientos llegó a 1.311, siendo 830 de ellos civiles. Este incremento es resultado de una operación de las fuerzas de seguridad realizada en reacción a los ataques de militantes alauitas contra la recién instaurada administración de facto de Damasco en la región de Latakia el 6 de marzo.
Se indicó que numerosos civiles son condenados a pena capital o asesinados a sangre fría. Igualmente, la lista de las víctimas abarca a 231 integrantes de las fuerzas de seguridad y a 250 militantes fieles al gobierno anterior.
El gobierno interino, por su parte, no da un parte oficial de muertos. Pero, según aseguró, pronto empezarán los trabajos para investigar las «violaciones» que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante las operaciones militares.
El gobierno de Damasco, comandado por el líder de Hayat Tahrir al Sham, Ahmed Al-Shara, anunció la formación de un comité «independiente» para investigar las «violaciones contra civiles» y averiguar quiénes son los responsables de la «comisión de delitos» en lo sucedido el pasado jueves. Esa delegación estará formada por cinco jueces, un general de brigada y un abogado, informó la Presidencia siria en un comunicado firmado por el mandatario interino.
Este comité dispondrá de un periodo de 30 días para entregar un informe exhaustivo e identificar a los responsables.
El presidente sirio interino, Ahmad al Sharaa, subrayó que no permitirá a los seguidores del derrocado presidente, respaldados según él por «partes externas», que «arrastren el país» a una nueva «guerra civil».
Sin embargo, las operaciones, según el Ministerio de Defensa, pasarán a una segunda fase, que consiste en perseguir a los remanentes del antiguo régimen que se esconden, según Damasco, en zonas rurales y montañosas de las provincias costeras del país.
En este contexto, este domingo, la capital de Siria, Damasco, acogió masivas manifestaciones en solidaridad con los residentes de la zona costera, en respuesta a los constantes ataques de grupos armados.
Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes a puerta cerrada para calibrar la gravedad de las últimas escaramuzas, informaron fuentes de la presidencia danesa. Está previsto que la reunión cuente con el enviado especial a la zona, el noruego Geir Pedersen.
Irán, un antiguo aliado de Asad, negó el lunes cualquier implicación en los actos de violencia que azotaron el país.
T: Telesur/Agencias
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