En entrevista con Prensa Latina, explicó que Colombia ha tenido una larga cadena de procesos de paz y sus enemigos han asesinado a desmovilizados y personas vinculadas a estos.
Recordó que, en estos últimos cinco años, en particular con relación al Acuerdo de Paz suscrito y ratificado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado, y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), han ocurrido numerosas agresiones y operaciones para destruirlo.
“Entre esos hechos graves hay que mencionar el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales que han muerto por proteger y defender coherentemente la paz”, enfatizó el congresista.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde la firma del también llamado Acuerdo de La Habana hasta la fecha han sido asesinados 300 exguerrilleros en el proceso de reincorporación y 1.303 líderes sociales.
“Entonces, ante esa circunstancia, no basta simplemente con las medidas y las normas penales vigentes, por lo que hay que crear un tipo específico en el Código Penal con relación a la defensa de la paz”, subrayó Cepeda.
Agregó que, “precisamente para eso es este proyecto de ley, que propone sancionar con penas de privación de libertad, multas e inhabilidad política a quienes participen en la obstrucción de la paz, bien sea en la fase de sus diálogos, de la implementación de un acuerdo o de reincorporación cuando se trata de personas que dejaron las armas”.
Comentó que la propuesta presentada responde al vacío legal que existe frente a los ataques criminales de los que han sido objeto.
De igual modo, pretende que “los enemigos no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado construir”, remarcó.
La iniciativa legislativa, de su autoría, incorpora tres nuevos artículos al Código Penal: el primero se denomina obstrucción a la paz; el segundo establece las circunstancias de agravación punitiva de la conducta, y el tercero es sobre la vigencia de la ley.
T/PRENSA LATINA/LRDS
