Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Ecuador (FGE) informó sobre el allanamiento de las oficinas gubernamentales pertenecientes a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República, así como la Gerencia y Procuraduría de Petroecuador, en el marco del caso de presunta corrupción que lleva el nombre de la empresa petrolera estatal.
En este sentido, el ente publicó, en su cuenta de la red social Twitter, que «Fiscalía y Policia de Ecuador allanan las oficinas de Gerencia y Procuraduría de Petroecuador y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia en Quito. Se levantan indicios relacionados con la investigación por un presunto delito de corrupción».
Asimismo, la FGE informó que fueron allanadas también las viviendas del gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, del exgerente estatal Ítalo Cedeño, del exviceministro Marcos Miranda y del exasesor de la Gerencia de Refinación de Petroecuador, César Pazmiño.
Igualmente, la institución gubernamental detalló que en los domicilios se incautaron dispositivos de almacenamiento, computadores portátiles, celulares y documentos.
#ATENCIÓN | #CasoEncuentro: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanaron los domicilios de Hugo A., Ítalo C., César P. y Marcos M., investigados en esta causa. Se incautaron dispositivos de almacenamiento, computador portátil, celulares y documentación. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/qHGLvQbPX7
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2023
Cabe mencionar que la FGE había anunciado inicialmente que los allanamientos se realizaban en el marco del Caso Encuentro, sin embargo, rectificó, afirmando que esto había sido un error y que los operativos pertenecieron al Caso Petroecuador.
El Caso Encuentro, al que se hizo referencia con el error de la Fiscalía, investiga una red de corrupción en empresas públicas de Ecuador, sobre todo en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y también en Petroecuador.
En el caso Petroecuador se investiga a varios exdirectivos de la empresa que incurrieron supuestamente en el delito de concusión, en el que un funcionario incurre cuando se exige algo para la Administración que luego se toma como bien personal.
T/Telesur/LRDS
