José Raúl Mulino asumió el lunes como presidente de Panamá para los próximos cinco años decidido a detener la incesante migración irregular por la jungla del Darién con ayuda económica y logística de Estados Unidos.
“No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas”, declaró Mulino tras juramentar al cargo en un acto en el Centro de Convenciones Atlapa sobre la bahía del Pacífico en la capital panameña ante varios líderes de la región.
Y como uno de los primeros actos de su gobierno suscribió un memorándum de entendimiento con Estados Unidos con el fin de cerrar la frontera a la migración desde Suramérica que se dirige al país norteamericano.
Unos 520.085 utilizaron el año pasado esa ruta, de ellos venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, y casi 200.000 lo han hecho en lo que va de 2024, según las autoridades.
No se precisó cuándo arrancará esa operación ni cómo se ejecutará. Antes de asumir se reunió con su homólogo colombiano Gustavo Petro y por separado con el secretario de Seguridad Interior de EEUU, Alejandro Mayorkas.
El abogado, de 65 años y exministro de Seguridad, fue investido tras resultar electo el pasado 5 de mayo. Su candidatura vino a sustituir a la del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), quien no pudo concurrir a los comicios tras haber recibido una condena por lavado de activos y quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero, desde donde siguió la ceremonia.
Otro de los compromisos es el de dinamizar la economía. Por ello, Mulino anunció que una de sus banderas será solucionar los problemas de agua que afectan al canal interocéanico a tal fin tiene previsto llevar a cabo una reforma legislativa que permita a la operaria del Canal de Panamá acceder a terrenos para construir embalses de gran tamaño para surtir de agua al paso fluvial, afectado por condiciones climáticas adversas.
Sobre la mina de la empresa canadiense First Quantum Minerals situada en una zona al norte del país, dijo que ordenará una “estricta” auditoría ambiental para conocer la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora y los posibles peligros que representa. Agregó que el plan que anunció tras ganar las elecciones de abrir para luego cerrar definitivamente “dependerá del resultado de ese estudio ambiental”.
“Tendremos que enfrentar duros retos”, admitió. “Recibimos una economía seriamente afectada. No sólo perdimos parcialmente el grado de inversión, también perdimos miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país”.
