El Gobierno Bolivariano de Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante lo que calificó como una “grave escalada de agresiones” por parte de Estados Unidos en el Caribe.

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales, advierte que el despliegue militar estadounidense representa una amenaza directa a la estabilidad regional y a la Zona de Paz proclamada por América Latina y el Caribe.

A continuación, el texto íntegro:

Nueva York, 09 de octubre de 2025

S.E. Sr. Vassily A. Nebenzia Embajador, Representante Permanente de la Federación de Rusia ante Naciones Unidas Presidente, Consejo de Seguridad (Octubre 2025) Nueva York.-

Distinguido Embajador Nebenzia

Tengo la obligación de dirigirme a Su Excelencia, en su capacidad de Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes en curso, en la oportunidad de traer a su atención la escalada de desarrollos que han venido teniendo lugar a lo largo de las últimas semanas en el Caribe y que, por su gravedad, ponen en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

A partir del inicio de su segundo mandato, en enero del año en curso, el gobierno del Presidente Donald Trump ha venido ejecutando una serie de acciones orientadas a intensificar la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. incluyendo en lo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero que durante más de diez (10) años ha venido siendo aplicado de facto contra nuestro país, y que se manifiesta en más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, violatorias de toda norma del derecho internacional.

El fin ulterior sigue siendo el mismo que ha marcado el accionar de los Estados Unidos de América hacia Venezuela desde hace más de 26 años: avanzar sus políticas de «cambio de régimen», con el fin de hacerse del control de los vastos recursos naturales que se encuentran en territorio venezolano.

Desde la afirmación de que la presencia de ciudadanos venezolanos en territorio estadounidense es «contraria al interés nacional de los Estados Unidos, pasando por una proclama racista que categoriza a todos los ciudadanos venezolanos como «terroristas» y «enemigos extranjeros, quienes a su vez son absurdamente acusados de perpetrar una «invasión al territorio estadounidense, hasta el ofrecimiento de millonarias sumas por la captura del Jefe de Estado y de Gobierno venezolano, contra quien han fabricado sin prueba alguna una supuesta trama de narcotráfico.

Ahora bien, en semanas recientes, en la región del Caribe Sur se ha registrado un despliegue militar sin precedentes por parte de los Estados Unidos de América y que incluye destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élte, activos utlizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e induso un submarino nudear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas.

Esto se constituye en una violación de la letra y el espíritu del Tratado de Tlatelolco, respecto del cual los Estados Unidos de América tiene obligaciones jurídicamente vinculantes, en tanto que parte contratante de sus Protocolos I y II, así como en una clara afrenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La máscara para estas acciones intimidatorias ha sido una falsa lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la realidad es que, según información de dominio público, emitida por organismos internacionales y por las propias agencias estadounidense, más del 87% de la droga que arriba al territorio estadounidense lo hace por rutas que tienen su origen en la costa del Pacifico y no en el Caribe.

El desproporcionado e injustificado despliegue militar estadounidense en el Caribe, ha resultado, entre otros, en al menos cuatro (04) episodios en los que, según las más altas autoridades de ese país, se ha bombardeado embarcaciones civiles en aguas internacionales, cuyos tripulantes, tal como han expresado expertos independientes de las Naciones Unidas, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Se trata, pues, de una violación flagrante a los derechos humanos, incluyendo al más sagrado de todos, el derecho a la vida misma, así como una negación patente del us cogens y del principio universal de la presunción de inocencia.

Esto pone en evidencia, entre otras cosas, los peligros de confundir, de manera deliberada como lo hace hoy el gobierno estadounidense, dos (02) fenómenos completamente distintos: el terrorismo y el crimen transnacional organizado; este último tratándose de una problemática de orden público y no de índole militar

Sin embargo, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, sin presentar evidencia alguna, ha insistido en sus operaciones de información para encubrir sus actos ilícitos, señalando que el gobierno de su país ha determinado que los carteles de la droga que operan en el Caribe son «grupos armados no Estatales, quienes fueron, además, declarados como ‘organizaciones terroristas y cuyas acciones se consideran como un ataque armado contra los Estados Unidos

Excelencia

A todo lo anterior, se suman un conjunto de reiteradas y crecientes provocaciones por parte del gobierno estadounidense, incluyendo incursiones no notificadas en la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) de Maiquetía, que ponen en peligro la seguridad de la aviación civil, tal como denunciáramos el pasado 02 de octubre, con las que, además, de manera irresponsable, se busca generar un episodio de choque directo; es decir, se busca fabricar las condiciones que permitirían invocar falsamente el Articulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo a partir de la noción conocida como «unwilling or unable», que rechazamos categóricamente.

Adicionalmente, resulta menester destacar al menos tres (03) peligrosas declaraciones que han sido formuladas recientemente por el Presidente Donald Trump y que dan cuentas de sus verdaderas intenciones y de la amenaza real que existe contra la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela:

La primera, el pasado 22 de septiembre, en su intervención ante la Asamblea General, cuando expresó su voluntad de utilizar el poderío militar estadounidense para «hacer volar al Presidente Nicolás Maduro Moros.

La segunda, el pasado 03 de octubre, cuando notificó al Congreso de los Estados Unidos sobre su determinación de que el país se encontraba en un «conflicto armado no internacional con carteles de la droga, a quienes catalogó como «combatientes ilegales».

Y, la tercera, el pasado 04 octubre, cuando expresó que tendría ahora que empezar a buscar por tierra» a los supuestos narcotraficantes, la que apunta hacia la inminencia de una violación de nuestra soberanía nacional, incluyendo a partir de una manipulación del principio de la legitima defensa, con agresiones disfrazadas de supuestos «ataques preventivos o en la forma de una incursión militar estadounidense directa, los cuales no tienen asidero alguno ni en los hechos ni en el derecho.

Aunado a esto, debemos también referirnos a la votación que tuvo lugar el día de ayer, 08 de octubre de 2025, en el Senado de los Estados Unidos de América, cuando fue rechazada, tras una votación de 51-48, una moción bipartidista que buscaba poner fin a los ataques en curso contra embarcaciones de pescadores en el Caribe y reivindicar así, además, las facultades legislativas en materia de guerra.

Se trata, pues, de una iniciativa en la que se pone de manifiesto el rechazo de al menos 48 senadores a la operación de propaganda que se ha desplegado por todos los medios para justificar ante la opinión pública estadounidense una agresión directa contra Venezuela.

Ante dicho resultado, sin embargo, existe ahora la posibilidad de que el gobierno estadounidense intensifique sus acciones hostiles en la región, argumentando falsamente tener carta blanca por parte del Congreso para ello, lo cual sólo terminaría por aumentar aún más la amenaza que impera hoy contra la paz y la seguridad de la región.

En ese empeño, se valdría de la narrativa que ha venido construyendo, y que incluye el desconocimiento de las autoridades legitimas, constitucionales y democráticamente electas de nuestro país, a quienes ha tildado como lideres de supuestos carteles de las drogas, contra quienes ha declarado ahora la guerra.

Todo esto forma parte, además, de una clara estrategia del Ejecutivo estadounidense por evadir la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo respecto al uso de la fuerza militar contra un Estado soberano, como lo es la República Bolivariana de Venezuela.

Asi las cosas, estamos hoy ante una realidad que no tiene precedentes en los últimos 200 años de historia republicana. Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo. La movilización militar en curso, la escalada de las acciones hostiles y provocadoras, y la retórica cada vez más incendiaria asi lo confirman

De más está decir que esta agresión que se avecina contra nuestro país tendría grandes repercusiones sobre la paz, la estabilidad y la seguridad de toda la región. latinoamericana y caribeña, induciendo incluso a un incremento en el fenómeno migratorio y propiciando, además, caldos de cultivo para otros deleznables flagelos. incluyendo el terrorismo, el extremismo violento y el mercenarismo.

Excelencia

Es evidente que no existe conexión alguna entre la fabula de la lucha contra las drogas y las acciones sobre el terreno, lo cual es indicativo de que las más altas autoridades del gobierno estadounidense han tomado ya una decisión, respecto de la cual sólo resta aguardar por la consumación ce la agresión militar.

Se trata, pues, de la repetición del guion utilizado ya en el año 2003, sobre la supuesta existencia de armas nucleares en Irak y que resultó en la destrucción de esa hermana nación y en el saqueo de sus recursos por la vía armada. En esta ocasión, se ha recurrido a la lucha contra las drogas como excusa para atacar a nuestro país que, no por mera coincidencia, tiene la primera reserva probada de petróleo del mundo

A la luz de todo lo anterior, y teniendo en cuenta la irracionalidad del actual gobierno de los Estados Unidos de América, que incluso ha declarado en días recientes su decisión de cerrar toda vía de contacto diplomático con nuestro país, solicito por esta vía, en nombre del Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para, con arreglo a las disposiciones del Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, discutir esta cuestión, determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso.

Mientras ello ocurre, permítame asegurarle que Venezuela no es una amenaza para nadie y que somos un país en perfecta paz social, que no tiene conflicto alguno con terceros. A pesar de la agresión unilateral de la que hoy somos víctimas, reiteramos, por una parte, nuestro firme compromiso con el diálogo y la diplomacia como únicas vías para dirimir cualquier diferencia y preservar así la paz, y, por otra, la firme determinación del pueblo venezolano de defender, en perfecta unión civico-militar, el bien más sagrado que ha reconquistado después de 200 años: su independencia nacional.

Por último, solicito muy respetuosamente sus buenos oficios para que la presenta comunicación, de la cual una copia idéntica ha sido transmitida al Secretario General, sea debidamente traída a la atención de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad y emitida como un documento oficial de dicho órgano.

Sin más a que hacer referencia, hago propicia la ocasión para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Samuel Reinaldo Moncada Acosta Embajador, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas