Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el cual fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.
El desmantelamiento se produce luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitiera una orden en la que establecía a los golpistas un plazo de 24 horas para abandonar el lugar.
El magistrado señaló que «Nada justifica la existencia de campamentos terroristas, financiados con la complacencia de las autoridades civiles y militares de manera totalmente subversiva y sin ningún respeto a la Constitución».
El actual encargado de la seguridad en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, apuntó que “No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionan como incubadoras de planes contra el Estado Democrático de Derecho”.
El desalojo de los campamentos se efectuó sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de los agentes del orden. Tras la ejecución de un cerco, los bolsonaristas se retiraron de la zona dejando abandonadas las carpas montadas.
Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal. Serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.
Bolsonaristas implicados en violencia permanecerán arrestados
Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.
El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1° de enero pasado. Pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.
Ante el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.
Durante el asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal, los seguidores del ex-mandatario Bolsonaro causaron graves destrozos y robaron bienes y armas de fuego de los cuerpos de seguridad de las instituciones.
T/ LRDS/ Telesur
