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Presidente de Costa Rica encara audiencia legislativa

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, encara el miércoles una audiencia en el Congreso por un caso de supuesta violación de datos personales de la ciudadanía, todo ello en medio de una polémica por la forma en que se llevará a cabo el proceso, que el Gobierno considera un irrespeto a la Constitución.

En ese sentido, el mandatario costarricense calificó a la audiencia como «un grave precedente», al principio se mostró reacio a asistir, pero este 5 de febrero confirmó su presencia, sin embargo hizo la advertencia que puede tratarse de un procedimiento inconstitucional:

«Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al presidente de la República, aunque sea en forma velada», expresó el mandatario.

La polémica surgió luego de que el plenario del legislativo, ante el rechazo de la fracción oficialista, decidiera que la Comisión Investigadora del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) realice la audiencia en el salón del Plenario y no en la sala en la que, de manera usual, lleva a cabo sus sesiones.

Además, se aprobó la suspensión de todas las demás actividades en la Asamblea Legislativa para que cualquier congresista que quiera asista a la audiencia.

El caso de la UPAD salió a la luz hace casi un año, el 21 de febrero de 2020, cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes con el cual Carlos Alvarado creaba esa unidad.

El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas que se centraban en un artículo, el cual indicaba que «las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas».

Alvarado siempre ha dicho que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en la Casa Presidencial y reconoció «torpeza política» y errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.

Por su parte, las bancadas opositoras han llegado a decir que, con esa unidad, el Ejecutivo pretendía espiar a la ciudadanía

Telesur/La Radio del Sur

 

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