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Aplicación de MCU genera un impacto negativo en el disfrute de DDHH del pueblo

Yván Gil, denunció en el 139° período de sesiones del Comité de DD.HH. de la ONU, la «perversa estrategia de cambio de régimen» que promueve el gobierno de los EE.UU.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció en el 139° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la «perversa estrategia de cambio de régimen» que promueve el gobierno de los Estados Unidos y la ultraderecha internacional contra la República Bolivariana de Venezuela.

El Canciller venezolano, como parte de la defensa del Quinto Informe Periódico del país, explicó que la nación bolivariana ha sido víctima de «constantes agresiones, intentos de golpes de Estado y magnicidio, sabotajes a nuestra industria petrolera y servicios públicos, así como expresiones de violencia, terrorismo e imposición de ilegales y criminales medidas coercitivas unilaterales (MCU), lo cual ha generado un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de nuestro pueblo».

En ese sentido, aseguró que «Venezuela continúa bajo la amenaza constante de poderes foráneos que pretenden transgredir» los derechos constitucionales.

El Ministro precisó que la aplicación de las MCU ocasiona «efectos devastadores» en la calidad de vida de la población, tal como lo afirmó en 2021 la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las MCU en el disfrute de los derechos humanos de la ONU, Alena Douhan.

Puntualizó que contra Venezuela pesan más de 930 medidas restrictivas o punitivas que reducen drásticamente las capacidades del Estado para obtener recursos financieros, así como bienes y servicios necesarios para satisfacer plenamente las principales necesidades de sus habitantes.

Sin embargo, el diplomático refirió que pese a esta situación, el Estado venezolano «es promotor y garante de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos».

Violencia como arma para el «cambio de régimen»

Por otra parte, el Canciller expuso la complicidad de gobiernos extranjeros y actores políticos nacionales, que ejecutaron acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del país, desconociendo al Estado venezolano y a sus legítimas autoridades, al tiempo que recordó que desde el año 2013, «sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional», promovieron y financiaron las manifestaciones violentas, que han dejado como resultado la «lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada».

«Los manifestantes violentos dirigieron ataques en contra de hospitales, escuelas, centros de acopio y distribución de alimentos, zonas residenciales, comercios privados, instalaciones de servicios básicos, bases militares y policiales y sedes de ONG, entre otros. En el contexto de las protestas, aseveró que se observó la utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad».

Asimismo, Gil se refirió a los intentos de invasión mercenaria y fallidos golpes de Estado, «incluso se atentó contra la vida del primer mandatario nacional, el alto mando político y militar y representantes diplomáticos en nuestro país, el 4 de agosto de 2018. Sin embargo, Venezuela continúa invicta su camino hacia la paz y la protección de los derechos de su pueblo».

Diálogo como política de paz

El Canciller reiteró que el «diálogo nacional ha sido una política sostenida del Ejecutivo Nacional» para la solución de las controversias, «logrando satisfactorios acuerdos para el bienestar del pueblo. Debemos recordar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado más de 500 llamados públicos al diálogo entre venezolanos».

Sin embargo, lamentó que el proceso de diálogo no haya sido fructífero, «por el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de Estados Unidos, quien es una de las personas que forma parte de la delegación venezolana, en clara violación del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos».

Finalmente, reiteró la denuncia del Estado venezolano por la «detención arbitraria y el criminal secuestro y reiteramos el llamado para que este Comité se pronuncie nuevamente y abogue por su pronta e inmediata liberación».

T: MPPRE/LRDS

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