La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó que este viernes presentará 20 pruebas de descargo como parte de su defensa en el juicio político que se tramita en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Congreso) por el asalto a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril.
«Estamos convencidos de que lo actuado ha sido lo correcto en defensa de la soberanía y la dignidad del Estado ecuatoriano, haciendo respetar también los derechos que tiene el Estado ecuatoriano que rezan sobre la Convención de Viena y sobre las propias Convenciones de Asilo», dijo Sommerfeld en rueda de prensa.
La Canciller enfrenta un juicio político promovido por la asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, Jhajaira Urresta, por supuesto incumplimiento de funciones porque el Gobierno «ordenó a la fuerza pública la irrupción y allanamiento, sin autorización previa, en una delegación diplomática». Según Urresta, este hecho se contrapone al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La canciller Sommerfeld fue citada a comparecer de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización donde el trámite del juicio político entró en la recta final con la recepción de pruebas testimoniales.
Esta fase terminará el próximo 27 de julio, luego de lo cual la comisión legislativa tiene cinco días para preparar un informe que deberá ser conocido por el pleno de la Asamblea, que finalmente decidirá sobre una eventual censura y destitución de la canciller.
Sommerfeld señaló que asistirá a las comparecencias de la comisión para responder a los cuestionamientos de los legisladores, a la vez que aseguró que actuará con transparencia en la entrega de información.
«Esperemos que con la información clara, precisa, y con las pruebas que vamos a presentar, se resuelvan algunas inquietudes y se haga justicia no con Gabriela Sommerfeld, sino con Ecuador», apuntó.
Fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron el pasado 5 de abril en la Embajada de México para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se refugiaba en esa sede desde diciembre pasado para evadir cargos por actos de corrupción.
El arresto del político se produjo horas después de que el Gobierno mexicano le concediera asilo político, por considerarlo «perseguido».
En reacción a la captura de Glas y el asalto a la Embajada, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones con Ecuador y ordenó el cierre indefinido de la sede diplomática en el país andino.
Este jueves, varios testigos comparecieron ante la Comisión, uno de ellos fue el exembajador de Bolivia ante la ONU y exsecretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, quien subrayó que en el marco del derecho internacional no se puede invadir una misión diplomática ni secuestrar a un asilado político.
“La conducta de las autoridades ecuatorianas han hecho ver a Ecuador como un Estado forajido, como un Estado más allá de la ley internacional”, manifestó el diplomático.
Otro de los testigos fue el exvicecanciller ecuatoriano Fernando Yépez Lasso, quien consideró que el juicio no es una causa nacional, sino que se discute la responsabilidad de la Canciller frente a los tratados internacionales.
T: Xinhua/Prensa Latina/LRDS
