La decisión del Tribunal Sexto de Sentencia de apartar del juicio Golpe de Estado I a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) generó sorpresa y rechazo este viernes en Bolivia.
«Estamos sorprendidos por la decisión que ha asumido el tribunal (…), un incidente de doble juzgamiento a favor de la señora Jeanine Áñez, la misma que por procedimiento ha sido apelada esta dicha resolución”, afirmó el subprocurador del Estado, Ricardo Condori, en declaraciones a la prensa.
Aseguró que se apartó “momentáneamente”, pero que, “(…) por procedimiento” la decisión fue apelada por el Ministerio Público».
La defensa de la exgobernante de facto alegó que su defendida ya fue procesada por los hechos de 2019, en el caso denominado Golpe de Estado II.
“El tribunal ha declarado fundado el incidente de actividad procesal defectuosa, cuyo resultado emergió con el apartamiento de la señora Áñez (del caso Golpe de Estado I)”, explicó Condori en el canal estatal Bolivia TV.
La fiscalía apeló la determinación en la audiencia, por lo que, por normativa, será “el superior jerárquico” quien definirá si se mantiene o no la resolución en primera instancia. Áñez, por la determinación judicial, no volverá a presentarse en la retoma del juicio el próximo jueves, se informó tras anunciar un receso por el tribunal.
Por su parte, el abogado líder del Comité Impulsor de la Justicia (CIJ), Aldo Michel, exigió que se sancione con la pena máxima a la expresidenta de facto, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, principales acusados en el caso Golpe de Estado I, cuya primera vista transcurrió este jueves.
Michel denunció que hay presiones para desarmar el proceso y recordó que el juez a cargo tiene la obligación de proseguir hasta dictar el fallo correspondiente.
La fiscalía abrió este expediente por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Tras asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados, por lo cual encara una posible pena máxima de 30 años.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
Este acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que incumplieran su deber constitucional de respaldaran al expresidente Evo Morales, quien fue forzado a renunciar el 10 de noviembre de 2019.
Los acusados llegaron este jueves al juzgado en medio de un fuerte resguardo policial para garantizar su seguridad.
T: Prensa Latina
Comienza en Bolivia juicio por caso “Golpe de Estado I” contra Jeanine Áñez
