La Máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia acordó esta tarde, por mayoría de 15 votos a favor y siete en contra, que el parlamento apruebe la suspensión del fuero de improcedibilidad (conocido como inmunidad) al mandatario y al titular, añadió el diario.
El veredicto del órgano judicial, que ocurre por primera vez en la historia local, respondió así a una acusación penal de la Fiscalía General por un presunto delito de concusión, asociado a la contratación de servicios de comunicación para la Casa Presidencial, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica tras la toma de posesión de Chaves en mayo de 2022.
Según el Poder Judicial, la acusación fiscal sobre la supuesta contratación por 405 mil 800 dólares, adjudicada a la empresa RMC La Productora S. A., fue mediante su directivo el empresario Christian Bulgarelli, con el propósito de canalizar recursos públicos hacia allegados del mandatario, de acuerdo con Delfino.cr.
Entre estos últimos figura el exasesor de imagen y amigo de Chaves, Federico Cruz Saravanja, quien habría recibido 32 mil dólares para la compra de una vivienda.
Para la Fiscalía, tanto Chaves como Rodríguez Vives, quien era jefe de despacho del presidente en el momento de los hechos, sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en la Casa Presidencial, y lo instruyeron para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato que eventualmente ganaría.
El Ministerio Público argumenta que dichas acciones constituyen una violación del artículo 355 del Código Penal, que sanciona con penas de entre 2 y 8 años a cualquier funcionario que, abusando de su cargo, obligue o induzca a una persona a dar o prometer beneficios patrimoniales indebidos.
La tesis de la Fiscalía se apoya, entre otras pruebas, en los denominados Audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones sostenidas en la instalación del ejecutivo en la capitalina barriada de Zapote, luego de asumir Chaves el puesto en mayo del 2022.
Por su parte, los magistrados que votaron en favor de los acusados y de devolver el expediente al Ministerio Público estimaron que con la prueba manejada en el proceso, es imposible realizar un juicio de probabilidad sobre el delito que, a su criterio, exige la ley, explicó Delfino.cr
El delito de concusión está tipificado en el artículo 355 del Código Penal y es sancionado con penas de hasta ocho años de prisión.
Los líderes del gobierno y del Ministerio Público sostienen hace meses una polémica nacional con graves incidentes, entre ellos una masiva manifestación organizada y liderada en marzo por el presidente Chaves contra el fiscal general Carlo Díaz.
Es la primera vez en la historia del país que la Corte Plena decide pedir a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad a un Presidente de la República.
Corte Plena de Costa Rica analiza acusación penal contra el Presidente
