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Arce ratifica que la derecha radical boliviana quiere llevar a la desestabilización a Bolivia

El presidente boliviano, Luis Arce, denunció ayer que las fuerzas de la derecha radical intentan la desestabilización del gobierno, “pero no desfalleceremos, sino al contrario, seguiremos trabajando”, señaló en referencia al paro cívico en Santa Cruz iniciado el pasado 21 de octubre.

“Es una situación política donde una vez más las fuerzas de la derecha pretenden desestabilizarnos”, alertó Arce durante un discurso en el departamento de Beni.

La derecha focalizada en el departamento de Santa Cruz ratificó que se mantendrá en paro en contra del Censo de Población. La decisión ha estado rodeada de la promoción de actos de violencia.

Conmemoran masacre ejecutada hace 3 años por los golpistas

Los bolivianos recordarán hoy a las víctimas de la masacre de Huayllani, en Cochabamba, al cumplirse el tercer aniversario de la intervención de fuerzas militares y policiales contra una marcha de sectores sociales.

Informó en entrevista al canal ATB que se tributará un reconocimiento a quienes sufrieron heridas y viven con secuelas, y, sobre todo, se reiterará la exigencia de justicia.

Javier criticó que un trienio después de aquel crimen las víctimas todavía claman porque se enjuicie en un proceso ordinario a los culpables.

En este expediente radicado en el Juzgado de Sacaba, en Cochabamba, se investiga a 16 personas, de las cuales 15 están con medidas sustitutivas y solo una guarda detención preventiva.

Javier reiteró la exigencia al Órgano Judicial de dar celeridad a este caso e iniciar el juicio oral para que se condene a todos los autores intelectuales y materiales del suceso que enlutó a las familias de Cochabamba.

El 14 de noviembre de 2019, la presidente de facto Jeanine Áñez y su gabinete rubricaron el Decreto Supremo 4078 -conocido como “de la muerte”- que eximía a militares y policías de responsabilidad penal por cualquier daño infligido en la represión de quienes protestaban contra la ruptura del orden constitucional.

Aquel 15 de noviembre, cocaleros y miembros de otros sectores sociales intentaron entrar en una masiva marcha a la ciudad de Cochabamba con la exigencia del restablecimiento de la democracia.

Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desplazados hasta Bolivia determinó que en ese operativo conjunto de militares y policías se masacró a manifestantes desarmados.

Los expertos confirmaron que a tenor de la ley de la muerte se realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas.

En la masacre conocida como de Sacaba, según las cifras documentadas, perecieron al menos 11 personas, todos indígenas, y otros 120 resultaron heridos.

T/ LRDS/ PL

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