En la madrugada del miércoles la policía del gobernador Gerardo Morales, de la provincia argentina de Jujuy, comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala.
“Asociación ilícita”, es la imputación para todo el mundo. La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió «el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales». Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial local.
El golpe contra las organizaciones también impactó en otros lugares del país: el martes se produjeron 23 allanamientos en sedes de la CCC, gran parte en Ciudad y en el Gran Buenos Aires.
Los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán. Algunos de los procedimientos fueron violentos, la policía entró a los golpes y en casas donde no había nadie, incluso en la vivienda de una concejala de la Tupac Amaru, Fanny Martínez en Calilegua, sin contemplar los requisitos para alguien que tiene fueros (por ejemplo, deberían llamarlo/a a indagatoria con intervención de un juez/za de control). En más de una lugar impidieron el ingreso de abogados y abogadas. La orden de los operativos incluyó al merendero Patito Feo y Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive donde funciona un movimiento barrial, un comedor y merendero del Movimiento Evita, una sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos otra del FOL.
Jackie Salguero, de 36 años, se ocupa del Merendero Evita y del Comedor Manitos Unidas. Desde la semana pasada varios vecinos/as le advertían que había una camioneta rondando de manera insistente el domicilio. En la mañana del miércoles varios policías golpearon su puerta y le dijeron que era un allanamiento. Los recibió con su bebé en brazos, que sufre bronqueolitis, y empezaron a revolver su casa y lugar donde asisten chicos/as y gente del barrio. Querían computadoras, pendrives, celulares, cualquier dispositivo tecnológico con memoria, además de papeles de la organización, cooperativas y planes sociales. «No tengo nada, soy una persona humilde, apenas un celular, que fue lo que finalmente se llevaron después de tratarme con prepotencia. Intenté filmar, tomar registro de algo de lo que pasaba, pero no me dejaron», contó la mujer a Página/12. Casi a la vez, los niños y niñas que van a tomar clases de apoyo a la sede del FOL quedaron aterrorizados con el despliegue del operativo policial delante de ellos. Es un lugar donde van a comer unas 150 familias.
Alejandra Cejas, ex diputada y abogada de varios/as dirigentes, se encontró con que le querían prohibir la entrada a la casa de Jackie, a quien fue a ayudar. Recién después de insistir más de media hora se lo permitieron. «Otra vez usan la figura de asociación ilícita para perseguir. Acá en Jujuy se caldeó el ambiente después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como en esta provincia no hay Estado de derecho ni justicia independiente las organizaciones están expuestas a estos ataques. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) —que inició esta ofensiva– es un ente creado por Morales cuando asumió la gobernación, integrado por allegados a él del radicalismo», señaló Cejas en diálogo con la emisora AM750. «Hay un relato que repite Morales y es que las organizaciones obligan a la gente a marchar. Esto una cacería para sostener ese relato, aplicándoles la fuerza a los más humildes.
A José David Surita, responsable provincial del movimiento Evita Jujuy, le allanaron su casa en Maimará mientras él estaba en San Salvador, trabajando. «Un vecino me avisó que entró la policía con una fiscal, se llevaron teléfonos Nokia viejos y pendrives. En 2017 vivimos algo similar, después de la apertura de sesiones cuando expresamos nuestro descontento: represión con infantería, caballería y a los diez días las órdenes de allanamientos. A un delegado de ATE hasta le pusieron la escopeta en la cabeza .La violencia institucional que ejerce el gobierno contra los que no estamos de acuerdos con sus políticas es típica de la dictadura. Esperamos ahora alguna señal del gobierno nacional y los legisladores», le dijo a este diario.
T/ Página12/ LRDS
