El gobierno de Argentina afronta este jueves la cuarta huelga general de su gestión, en el día en que la Cámara de Diputados debatirá una polémica reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada.
El paro, que comenzó a la medianoche y durará 24 horas, fue convocado por la principal central obrera del país, que considera que los cambios propuestos por el gobierno son «regresivos».
La medida de fuerza se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.
«Le queremos decir al Gobierno que el pueblo le dio el voto no para que le quite derechos», dijo este miércoles Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien auguró que la medida de fuerza será «contundente».
La última huelga general de la CGT fue el 10 de abril de 2025, aunque tuvo un acatamiento dispar porque no se plegó parte del transporte público.
Esta vez buscará vaciar las calles de los grandes centros urbanos. Los principales sindicatos del transporte de pasajeros adhirieron inicialmente a la protesta. Además se cancelaron 255 vuelos, en una medida que afecta a 31.000 pasajeros, informó Aerolíneas Argentinas.
A estos se sumaron los trabajadores portuarios que paralizan importantes terminales como el de Rosario, uno de los mayores agroexportadores del mundo.
La convocatoria sindical ocurre en respuesta a una reforma que introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre los puntos más controvertidos figuran la reducción de indemnizaciones por despido, las modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un sistema de ‘banco de horas’ que reemplaza el pago de horas extra y la ampliación de la jornada diaria de hasta 12 horas, dentro del límite semanal vigente.
Otro aspecto polémico es la limitación del derecho a huelga mediante la ampliación de los sectores considerados esenciales —como transporte, telecomunicaciones y servicios portuarios— que deberán mantener prestaciones mínimas obligatorias. Además, el proyecto establece sanciones más severas para bloqueos sindicales y exige autorización patronal para realizar asambleas laborales durante la jornada.
El oficialismo confía en contar con los votos necesarios en Diputados, gracias al respaldo de bloques aliados, aunque sectores sindicales intentan introducir modificaciones que obligarían a devolver el proyecto al Senado y retrasar su aprobación.
T: RT Actualidad/Agencias
Gremios argentinos planean más acciones contra la reforma laboral
