Arreaza: 138 personas fueron liberadas diariamente gracias a la Ley de Amnistía en Venezuela

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó este viernes que durante los 63 días hábiles en vigencia de este instrumento legal, se realizó la liberación de 138 personas diariamente y cinco fueron excarceladas. Estas cifras las ofreció durante el balance de la Ley de Amnistía y proceso de excarcelaciones que ofreció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Durante su intervención, el diputado explicó que desde el 19 de febrero, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, hasta la fecha han transcurrido 92 días; sin embargo, se contabilizan los días hábiles para los efectos de ejecución y liberación.

«Desde que entró en vigencia la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, han pasado 92 días, si nosotros dividimos por la cantidad de libertades, se otorgaron 95 libertades diarias, y personas que estaban privadas, salieron tres diarias. Pero no son 92 días, son días hábiles, fueron 63 días (…) son entonces 138 personas que tuvieron su libertad plena al día, diariamente 138 y cinco que obtuvieron la libertad, que estaban privados de libertad», indicó Arreaza, refiriéndose a las casi 9.000 personas que se beneficiaron de este instrumento legal.

Asimismo, precisó que esta Ley respondió a una necesidad de «confrontación política a la que nos llevó la polarización, donde hubo errores compartidos», al mismo tiempo que recalcó que no se debió a casos que se dejaron «abiertos por antojo», sino que se trató de personas que estuvieron inmersas en actos de violencia.

«Cuando uno ve, la mayoría de estos casos fueron manifestaciones y protestas violentas postelectorales, sobre todo en el año 2024, pero en segundo lugar, están los hechos de las guarimbas del 2017, en tercer lugar las guarimbas del 2014, en cuarto lugar el año 2019 con lo complicado que fue, la imposición de un gobierno paralelo, la Asamblea Nacional de aquel momento», afirmó.

El parlamentario aprovechó el encuentro para celebrar que la mandataria (E) haya propuesto esta Ley y ponerla en marcha. «Hay que reconocer, presidenta, que usted, cuando se instaló el año judicial, asomó esa disposición de reencuentro, de reconciliación y, a través de la Ley de Amnistía y estos mecanismos complementarios, poder avanzar hacia la paz del país».

Ley de Amnistía logró una transformación cultural de las instituciones

«Con el planteamiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la Ley de Amnistía, se ha logrado una transformación cultural de las instituciones y de la sociedad venezolana». Tal señalamiento lo hizo Ernesto Villegas, coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática.

Villegas recordó que la instrucción de Rodríguez el 23 de enero fue que se escucharan todas las voces. «Exhibió un papel en blanco, invitando a toda la sociedad a incorporarse. Primero, con mucho temor y desconfianza, fuimos acercándonos; algunos pidieron reuniones confidenciales porque temían a lo que llaman el costo reputacional de tomarse la foto en el diario, pero quisieron dialogar, que es lo importante».

Asimismo, manifestó que este viernes se siente una gran satisfacción porque, aunque se trata de «apenas una parte, se pueden hacer todas las transformaciones institucionales que deban hacerse, pero si ellas no van acompañadas de un cambio cultural, donde se haga hegemónica la paz y la convivencia, todos los pasos quedarán incompletos».

Villegas calificó como un día histórico la firma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció la «iniciativa valiente» de la presidenta encargada y enfatizó que hay mucho camino por delante. «Esto pasa por la transformación de las mentes de los operadores de justicia del Estado venezolano, pero también de la sociedad, para que aprenda a entender el valor de la diversidad y a valorar todo el abanico de opciones que existen para perseguir el delito, más allá del encarcelamiento», afirmó.

Señaló que «apenas a una persona le llega una notificación judicial, ya hay una acción del Estado, con su poder punitivo para enmendar y corregir una distorsión en una conducta».

«Desde ese telegrama que le llega a la vivienda a la persona investigada hasta su encarcelamiento, hay un abanico de acciones que el Estado emprende para procurar la modificación de una conducta. Excluyamos las conductas que dificultan la paz y la convivencia democrática», concluyó.

Proponen crear un nodo de investigación universitaria para evaluar las necesidades del sistema de justicia penal

La ministra de Educación Superior y secretaria ejecutiva del Programa Paz y Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, planteó la necesidad de abordar el sistema de justicia penal desde una perspectiva académica y social, advirtiendo sobre el impacto de la pobreza en el entorno familiar de los privados de libertad.

Sanjuán señaló que la vulnerabilidad económica es un factor «muy palpable» en los procesos penales, afectando de manera directa a las familias de los internos. «Las familias quedan presas al lado del preso que tienen; las madres tienen que quedarse con los hijos de los hijos para poder cuidarlos», explicó, instando a desarrollar una mayor sensibilidad institucional ante esta realidad.

Destacó que el escenario actual ofrece una oportunidad para ampliar los alcances de las medidas humanitarias y de reclusión ejecutadas hasta el momento. Informe que se evalúan mecanismos legales para aplicar de manera más extendida las prerrogativas contempladas en la ley con el fin de otorgar nuevas liberaciones.

Reforma en la formación jurídica

Como parte de las propuestas, Sanjuán anunció que se ha planteado, en el marco del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la creación de un nodo de formación e investigación en justicia . Esta iniciativa busca integrar a las facultades de ciencias jurídicas y derecho del país, así como a instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), para diagnosticar las necesidades reales de la nación en materia penal.

Asimismo, cuestionó la «sobrerrepresentación» de los estudios en derecho penal en las universidades del país, en detrimento de otras áreas necesarias como el derecho de familia o el derecho de hidrocarburos.

Como solución para masificar la formación ciudadana y profesional, la profesora propuso la implementación de capacitaciones masivas y el establecimiento de una cátedra libre de derechos humanos en el sistema universitario, orientada a visibilizar y superar los déficits institucionales actuales.

Fuente: Con información de Últimas Noticias