Colombia: Denuncian ante Fiscalía a De la Espriella por hostigamiento contra firmantes de paz
Exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, expresó su profunda preocupación ante el incremento de la retórica de odio, advirtiendo que estos mensajes avivan la violencia en los territorios y aumentan el peligro para los excombatientes
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia, Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.
La acción judicial responde a las declaraciones del mandatario electo, quien afirmó que el exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, es un presunto «criminal de guerra que merece estar tras las rejas de por vida» y prometió trabajar para consolidar ese objetivo tras su toma de posesión el próximo 7 de agosto.
Cuartas indicó que tales pronunciamientos exceden la libertad de expresión, promueven la hostilidad contra un colectivo protegido por el Estado y ejercen una presión institucional ilegal sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por su parte, el propio Rodrigo Londoño expresó su profunda preocupación ante el incremento de la retórica de odio, advirtiendo que estos mensajes avivan la violencia en los territorios y aumentan el peligro para los excombatientes en un contexto donde ya se registran 492 firmantes asesinados desde la firma del tratado en 2016.
Frente a este panorama hostil, Londoño y otros seis dirigentes históricos del antiguo secretariado enviaron una misiva oficial a De la Espriella para ratificar su compromiso con el proceso y solicitar la apertura de un canal de diálogo directo.
Sin embargo, el futuro Gobierno ya ejecutó las primeras acciones de desmantelamiento de la estructura de paz al anunciar la eliminación de la consejería de diálogo para sustituirla por un comisionado de seguridad, sumado a una propuesta de reforma constitucional para disolver la JEP, la cual deberá someterse a un Congreso donde el partido oficialista cuenta con una representación minoritaria.
En ese sentido, también la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia emitió un comunicado oficial ante los anuncios del Gobierno entrante sobre la eliminación de esta dependencia y de otros organismos diseñados para garantizar la paz.
La institución advirtió que el tratado posee una protección jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, el cual obliga al Estado a cumplir los compromisos pactados de buena fe durante los próximos años, prohibiendo expresamente cualquier tipo de retroceso institucional o decisión administrativa que vacíe de contenido su cumplimiento.
La entidad señaló que los reiterados anuncios de desmantelamiento generan un ambiente de tensión, incertidumbre y riesgos directos para la integridad física y mental de las personas firmantes del histórico acuerdo.
Asimismo, la oficina destacó que la arquitectura institucional construida en la última década permitió enfrentar la impunidad, la desigualdad y la exclusión social en los territorios más afectados, mediante un Plan Marco de Implementación que actualmente contiene 593 compromisos vigentes a cargo de más de 60 entidades nacionales.
Ante esta situación, el organismo solicitó a la Corte Constitucional mantener la verificación judicial para salvaguardar las entidades de paz frente a las presiones del Poder Ejecutivo.
De igual manera, convocó a los países garantes, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a las organizaciones sociales de base a mantenerse vigilantes en la defensa del derecho a la paz, al tiempo que invitó al nuevo gobierno a entablar un diálogo técnico y transparente para preservar el proceso de empalme institucional.
Fuente: Telesur
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