Por los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, imputó a 22 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles durante el conflicto armado y posteriormente presentarlos como falsos positivos.
La JEP señaló en un comunicado, que los crímenes se cometieron entre los años 2005 y 2008 en el departamento de Casanare (este) y en municipios de los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca.
Los militares imputados son el mayor general Henry Torres Escalante, quien comandó la referida brigada en momentos en que reportaron más hechos de esta naturaleza; así como otro grupo en el cual se incluyen dos coroneles, tres tenientes coroneles, un mayor y otros oficiales, además de seis suboficiales.
📰En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar 303 asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate (conocidas como 'falsos positivos') en Casanare entre 2005 y 2008.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022
«Las víctimas eran civiles indefensos que luego fueron presentados como bajas en combate. En su mayoría fueron hombres entre 18 y 25 años, pero los militares le quitaron la vida a menores de edad, a nueve mujeres (una de ellas en estado de gestación) e incluso un joven con orientación sexual», detalló la JEP.
Los crímenes representaron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la unidad castrense durante el periodo mencionado.
La Justicia Transicional denunció que dentro de esa unidad militar -Brigada XVI- se creó una estructura criminal que naturalizó esa práctica violenta para acceder a ascensos, premios en metálico, descansos y otras prebendas.
Los encartados se valían del engaño para atraer a las víctimas. Una vez ultimados, les colocaban armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes, y recreaban escenarios de combate ficticios para hacer verosímil su versión de los hechos, deportó la JEP.
– 106 versiones de comparecientes.
– Observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones.
– Inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes de la jurisdicción ordinaria. pic.twitter.com/e5PPiWpIBP
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De acuerdo a la denuncia, presuntamente, los uniformados utilizaron más de 140 millones de pesos (31.000 dólares aproximadamente) provenientes de recursos públicos para realizar estas operaciones.
Los imputados, además, tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazarla. Igualmente, pueden reaccionar, aportando evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el ministerio público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022
Una vez notificados, los imputados disponen de 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad. Igual pueden rechazarlos o aportar argumentos o evidencia adicional. Finalizado ese término de tiempo, la JEP decidirá si programa una audiencia pública de reconocimiento.
T/Telesur/LRDS
