Condenan en Brasil a expresidente Jair Bolsonaro por delito sexual

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por el delito de sexualización de menores e incitación a la pedofilia, según el fallo emitido por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia.

Las autoridades se basaron en declaraciones públicas del exmandatario derechista (2019-2022), en las que hizo referencia a un grupo de adolescentes venezolanas, de entre 14 y 15 años, mostrando atracción hacia ellas y sugiriendo una visita a su domicilio.

Durante un evento en 2022, Bolsonaro expresó que «detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas un sábado en una comunidad».

A esto añadió «vi que eran bien parecidas. Pinto un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en su casa?’, entré».

Estas palabras, consideradas por la Fiscalía como una normalización del abuso infantil, marcaron el inicio de un proceso judicial que coincidió con la campaña presidencial del mismo año.

Declaraciones de Bolsonaro tienen una inaceptable connotación sexual

Según la jueza instructora del caso en el tribunal, Leonor Aguena, las declaraciones del líder ultraderechista tuvieron una «connotación sexual inaceptable, especialmente por ser procedentes de una figura pública con alta capacidad de influencia».

La magistrada concluye que el comentario extrapoló los límites de la libertad de expresión y violó los principios constitucionales que garantizan la protección integral de menores de edad.

«La forma como la frase fue construida asocia vulnerabilidad social a disponibilidad sexual, lo que contribuye a reforzar un prejuicio hacia niñas inmigrantes y pobres.

Eso ofende la dignidad colectiva de las adolescentes y genera un impacto que tiene que ser reparado», sentenció la magistrada.

Por su parte, el abogado de Bolsonaro, Marcelo Bessa, expresó haber «recibido con sorpresa la condena», al considerar que contradice decisiones de tribunales superiores sobre el asunto.

En este contexto adelantó que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Aunque inicialmente el juez civil de primera instancia, Evandro Neiva de Amorim, desestimó los cargos y rechazó la solicitud de indemnización, la Fiscalía presentó una apelación.

Posteriormente, los magistrados de la Quinta Sala Civil concluyeron que sí se había causado un daño colectivo.

Como resultado, la sentencia incluye el pago de una indemnización de 27.000 dólares al Fondo de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Organismo destinado a financiar programas sociales para el bienestar de menores en situación de vulnerabilidad.

T/Agencias

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