El Sur

Fiscalía de Perú denuncia a Dina Boluarte por heridos durante protestas

La denuncia incluye a quienes fueron entonces su ministro de Defensa, Alberto Otárola, y primer ministro, Pedro Angulo, quien tuvo el cargo durante los primeros días y fue reemplazado por Otárola

La Fiscalía de la Nación denunció este jueves a la presidenta peruana, Dina Boluarte, por las lesiones sufridas por civiles durante las protestas contra su ascenso al cargo, en diciembre de 2022.

La denuncia incluye a quienes fueron entonces su ministro de Defensa, Alberto Otárola, y primer ministro, Pedro Angulo, quien tuvo el cargo durante los primeros días y fue reemplazado por Otárola.

También los extitulares de Defesa, Jorge Chávez; Interior, César cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero, quienes ejercieron esos cargos a lo largo de las protestas, prolongadas hasta marzo de 2023.

La denuncia señala que los nombrados tenían pleno conocimiento del “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”.

Consigna una relación de 75 heridos durante las drásticas operaciones militares y policiales contra las protestas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

Otárola acusó al Ministerio Público de incurrir en “ejercicio abusivo del derecho”

Entre los denunciados, Alberto Otárola acusó en un mensaje de la red X al Ministerio Público de incurrir en “ejercicio abusivo del derecho” por presentar una tercera denuncia por los mismos hechos.

Parece referirse a la investigación preliminar por delito de genocidio y otros, motivada por las muertes por armas de fuego registradas durante las primeras semanas de las protestas, que fue archivada por la Fiscalía de la Nación.

Un pedido del abogado de los familiares de Nixon Sánchez, uno de los caídos, de reabrir la investigación, ha sido evaluado por el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley, quien así lo informó esta semana, sin precisar cuando anunciará su decisión.

Tanto Boluarte como los demás denunciados hoy niegan responsabilidad alguna en los resultados de muertes y heridos y sostienen que militares y policías actuaron aplicando procedimientos reglamentarios.

La ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, declaró antes de dejar el cargo que Perú tiene un gobierno autoritario y en el país “el valor de la vida de algunas personas es despreciado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo” y añadió que este proyecta y ha aprobado normas que vulneran los derechos fundamentales, cita Prensa Latina.

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