El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente por «incumplimiento de deberes» y solicitó un antejuicio en contra de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema por el procurador general, Julio Saavedra, quien explicó que «esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero«.
Saavedra señaló que actuó por «instrucciones» del mandatario.
Porras se presentó a la reunión del 29 de enero, pero se retiró antes de iniciar argumentando que no era la forma legal de sostener una reunión con el presidente y posteriormente lo invitó a reunirse en las instalaciones del Ministerio Público (Fiscalía).
Recordó que Porras dejó constancia de la irregularidad legal, pues está establecido que solamente tiene la obligación de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un acuerdo, lo cual no se dio.
Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a «atender las convocatorias del presidente» y que rehusarse «podría enmarcarse en una conducta delictiva» de «incumplimiento de deberes».
La Fiscalía rechazó la denuncia contra Porras afirmando que ella actuó conforme a la ley y que la querella es «espuria y con un posible origen político con el fin de obstruir la justicia».
El Gobierno de Arévalo espera que los tribunales ordenen el nombramiento de un fiscal especial para investigar las implicaciones de la actitud de Porras.
Durante el proceso de transición, Arévalo acusó directamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” en su contra y días antes de asumir la Presidencia aseguró que le pediría la renuncia. Sin embargo, la fiscal se negó a dimitir, afirmando que terminará su segundo mandato, previsto hasta 2026.
T: Agencias/LRDS
