Un archivo de 486 páginas, divididos en tres tomos y dos mil folios contiene la demanda que el Estado de Guatemala presentará este martes 8 de diciembre en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en reclamo por el diferendo territorial con Belice cuyo inicio se remonta a mediados del siglo 19.
La Cancillería guatemalteca dio a conocer que, debido a las restricciones por la pandemia, la demanda será presentada solo por el embajador de Guatemala en Países Bajos —sede de la CIJ—, Jorge Skinner-Klée Arenales.
Originalmente el plazo para presentar esta memoria vencía el pasado 8 de junio; sin embargo, debido a la pandemia del covid-19, el Gobierno de Guatemala solicitó una prórroga de 12 meses. Su par de Belice no estuvo de acuerdo, puesto que argumentaba que dos meses eran suficientes.
De esa forma, la CIJ resolvió dar un plazo de seis meses a Guatemala, que justo vence este 8 de diciembre. En la demanda, Guatemala tendría que formular todo reclamo legal, territorial, insular y marítimo en el litigio con Belice, para lo cual deberá adjuntar las pruebas que lo sustente.
En ese sentido, la Cancillería guatemalteca señaló por medio de su oficina de Comunicación, que “el pueblo de Guatemala puede estar seguro de que en la memoria (demanda), se reclaman todos los derechos heredados de España al momento de la independencia en 1821”.
“De esta manera se da cumplimiento a lo que estipula el artículo 19, de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de la República de Guatemala y al mandato del pueblo manifestado en la consulta popular que se llevó a cabo el 15 de abril del 2018”, añadió.
El caso
El litigio, que este martes llega a uno de sus puntos más importantes, se remonta a principios del siglo 19, cuando Guatemala cedió el territorio de Belice a Inglaterra a cambio de la promesa de la construcción de una carretera hacia el Mar Caribe, ofrecimiento que nunca se cumplió.
Posteriormente, los británicos ofrecieron el pago de 50 mil libras esterlinas para que Guatemala construyera su propia carretera, acuerdo que tampoco honró. Así, en 1946, el Congreso guatemalteco anuló ese convenio.
El impase continuó hasta que en diciembre del 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, ambos gobiernos firmaron un histórico acuerdo para dejar que la CIJ resolviera el diferendo territorial, siempre y cuando los pueblos, mediante consultas populares, lo avalaran.
Fue Guatemala el primero de los países en llevar a cabo el referendo, el 18 de abril del 2018, en el cual el sí en favor de llevar el litigio a la CIJ ganó con el 95% de los sufragios.
En mayo del 2019 fue el turno de Belice. Aunque el resultado fue más apretado, también ganó el sí con el 55% de los votos válidos.
Qué viene
La Cancillería explicó que el procedimiento jurídico de la CIJ establece que el Estado de Belice tendrá de plazo para responder la demanda por medio de una “contra memoria” hasta junio del 2022.
A continuación, Guatemala dispondrá de seis meses más para presentar una réplica, es decir una respuesta. Belice tendrá otros seis meses para formular una dúplica (respuesta a la réplica), y posteriormente se abrirá un periodo de presentación de argumentos orales.
El exembajador Roberto Palomo, quien fue el jefe de la comisión que negoció y firmó en 2008 el Acuerdo Especial con Belice, no duda en afirmar que la demanda a presentarse ante la CIJ es un “momento histórico para Guatemala” porque representa el inicio del juicio que solucionará de una vez por todas el diferendo territorial.
t/ Prensa Libre/ LRDS
