El SurPrincipal

Guatemala se enfrenta a arbitrajes internacionales que pueden costarle hasta 824 millones de dólares

Uno de los primeros retos que tiene la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, donde hace una semana hubo cambio de autoridades superiores, será la defensa del Estado para evitar el pago de unos US$824 millones, que varias compañías reclaman por concepto de compensación por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de varios contratos.

Hace una semana, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei nombró como Procurador General a Wuelmer Ubener Gómez González, quien dentro de su responsabilidad está defender los intereses del Estado ante las demandas que se cursan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) con sede en Washington D.C.

Los daños económicos que puede representar para el Estado el hecho de perder las disputas son múltiples, pero una de las consecuencias es que se debe destinar fondos del presupuesto estatal y se dejan en invertir en áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad pública.

De hecho, los procesos de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala ya son considerados como riesgos fiscales y para las finanzas públicas, por el potencial impacto para el presupuesto cuando se conozcan los resultados de los laudos y de ahí, la importancia de que exista una defensa técnica impecable por parte de la PGN. Otra de las perjudicadas es la imagen del país, ya que se pierden posibles inversiones.

Los casos

La PGN informó que se encuentran en curso cuatro procesos en el Ciadi, de los cuales tres son arbitrajes y uno es un caso de anulación; cada uno está en diferentes etapas o estatus y están relacionados con los sectores eléctrico y de minería, que han sido temas problemáticos en los últimos años. Los laudos pueden durar hasta cinco años.

El pliego de las demandas conocidas por la procuraduría asciende a US$824 millones, que equivalen a unos Q6 mil 344 millones: El demandante Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates (proyecto minero El Tambor), hace un reclamo que va de US$419 a US$449 millones.

En tanto que el Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P. and Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., demandan US$375 millones. En reserva está el monto que pide Energía y Renovación Holding, que pretendía construir proyectos de generación de eléctrica en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

En tanto que respecto al proceso de anulación, el Estado de Guatemala se encuentra promoviendo la posibilidad de dejar sin efecto de forma total o parcial, el Laudo de Nueva Sumisión del caso Teco Guatemala Holdings.

Al preguntar sobre la estrategia del país, la PGN respondió que la estrategia de defensa de Guatemala se continuará evidenciando ante instancias internacionales, ya que el Estado es respetuoso del Derecho Internacional de Inversiones. Asimismo, que Guatemala brinda a la inversión extranjera un trato conforme a lo regulado en los Tratados de Libre Comercio, y en los Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones.

En años pasados, Guatemala ha pagado dos laudos arbitrales que han representado un monto de US$51.6 millones, de los cuales US$14.6 millones fueron para Railroad Development Corporation en 2013 (caso Ferrovías) y en 2020, a Teco Guatemala Holdings por unos US$37 millones.

T/ Prensa Libre/ LRDS

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba