La justicia federal argentina confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura en la nación sudamericana y por haber montado dentro de una de sus plantas un centro clandestino de detención.
La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional.
En 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a Pedro Müller a diez años de prisión y a Héctor Francisco Jesús Sibilla a doce años. Junto con ellos fue juzgado el poderoso comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de quince años de reclusión. Casi tres años después, la Cámara Federal de Casación –con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques– confirmó la sentencia contra los dos ejecutivos de la Ford. Guillermo Yacobucci, por su parte, únicamente convalidó la sentencia contra Sibilla, el jefe de seguridad de la planta de Pacheco, que la semana pasada cumplió 60 años desde su inauguración. Los tres jueces confirmaron la sentencia del multicondenado Riveros.
24 trabajadores secuestrados
Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.
Müller, de 90 años, integró entre abril de 1974 y abril de 1978 el directorio de la Ford, que era el órgano máximo de administración y decisión de la automotriz. En la práctica, era el número dos de la compañía y se convertía en el número uno cuando el presidente, Juan Courard, estaba de licencia. Eso sucedió en, al menos, tres oportunidades durante 1976, cuando se produjeron los 24 secuestros que investigó la justicia federal de San Martín.
Sibilla, que actualmente tiene 95 años, se presentó en las apelaciones casi como un testigo de la “ocupación militar” de la fábrica. Sin embargo, para entonces él era el jefe de seguridad de la planta y era alguien que conocía por dentro la estructura castrense. Había ingresado en 1946 en el ejército y pasado a retiro en 1962 con el grado de mayor. Al año siguiente, se incorporó a la empresa Organización de Protección Industrial (ORPI SRL), que ofrecía seguridad a la Ford de manera tercerizada. En julio de 1976, mientras estaba en pleno auge la represión a los obreros de la automotriz, Sibilla fue ascendido a teniente coronel. Para 2004, prestaba servicios en la embajada de los Estados Unidos.
Un hito
La confirmación de las condenas contra Müller y Sibilla marca un nuevo hito en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, ya que el capítulo sobre los responsables empresariales de estos delitos es el que más resistencias y demoras judiciales acarrea. Los testimonios sobre lo ocurrido en la Ford comenzaron a brindarse desde el regreso de la democracia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Las denuncias se reiteraron durante los juicios por la verdad y recién fueron ventilados ante un tribunal oral a partir de diciembre de 2017.
«Es una sentencia clave porque evidencia el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadres y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales», evaluó la fiscal Ángeles Ramos, que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
T/ Página12/ LRDS
