Esta semana autoridades de pueblos originarios de Colombia denunciaron el olvido, la desatención que estas comunidades están padeciendo por parte del Estado de la nación suramericana, así como el posible desalojo de más de mil indígenas del Parque de Bogotá.
En este sentido, el pasado jueves, representantes de 14 pueblos originarios, que desde hace más de un mes acampan en condiciones paupérrimas en el citado parque capitalino donde reclaman ser atendidos por la administración bogotana y del país, estaban en vilo ante la orden de desalojo.
Rodeado de policías, anoche seguían en protesta ante la intención de sacarlos a la fuerza de este lugar donde pernoctan en carpas de plástico a la espera de un diálogo.
Mujeres embarazadas, niños y adultos mayores son los más vulnerables en las condiciones inhóspitas y de hacinamiento en las que se encuentran, incluso algunas gestantes tienen amenazas de aborto y varios menores sufren problemas respiratorios.
Solicitan una mesa de diálogo con una agenda entregada el pasado 30 de septiembre a la Defensoría, Personería y Procuraduría del Pueblo.
El elemento fundamental de ese pliego petitorio es la instalación de las pláticas para debatir el punto uno sobre las garantías e implementación de las políticas públicas para los pueblos indígenas que tiene el distrito capital.
Los puntos dos y tres de la agenda tienen un carácter más nacional porque tratan sobre la reubicación de los pueblos en sus territorios originarios.
Esta situación en Bogotá es apenas una muestra de la crisis humanitaria que viven las comunidades originarias de la nación suramericana.
Esta semana, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Comisión de Derecho Humanos de Pueblos Indígenas presentaron un informe en el cual argumentaron acerca de los peligros que atentan contra estas poblaciones ante la ausencia del Estado.
Alertaron acerca de los múltiples intereses que confluyen sobre los territorios de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y también la amenaza para los que habitan en la Amazonia y zonas fronterizas.
Resaltaron especialmente la situación del pueblo indígena wayuu en el departamento de la Guajira ‘que históricamente ha estado en completo abandono Estatal’.
Destacaron que, ante tanta indolencia del Estado, siete jóvenes de ese departamento se encuentran en la Plaza de Bolívar, en esta capital, desde hace más de 20 días en una huelga de hambre.
En el informe enumeraron elementos que constituyen los contenidos principales de una situación estructural de afectación a los derechos humanos fundamentales y territoriales de estas comunidades.
Señalaron entre ellos, el fortalecimiento de los actores armados ilegales, el recrudecimiento de la confrontación bélica alrededor y dentro de los territorios indígenas, el incremento de la explotación minero-energética que conlleva a la degradación del territorio y las distintas formas de vida.
Asimismo, las estrategias de fraccionamiento por parte del gobierno al interior de algunos pueblos indígenas que atenta contra los principios de autonomía y gobierno propio.
T/Prensa Latina/LRDS
