Según los testimonios, desde el 14 de junio cuando inició la Operación Omega para desbloquear las vías como parte de protestas populares contra una ley del seguro social, se han realizado detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Entre esos letrados, José Luis Santamaría señaló que se desconoce el paradero exacto de los detenidos, repartidos en al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que compromete el derecho a la defensa ante la imposibilidad de que las personas puedan tener un contacto con sus representantes.

Santamaría, que se encuentra en la ciudad de David, Chiriquí, es uno de los de 20 juristas que están tratando de atender los casos de personas detenidas en Bocas del Toro, según el diario La Estrella de Panamá.

La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó restablecer los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.

El artículo 23 tiene como finalidad garantizar que un juez competente decida sobre la legalidad de la detención y, cuando corresponda, ordene la liberación inmediata de la persona aprehendida, gestión que comienza a incrementarse debido a arrestos ilegales, según los manifestantes contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

Al menos 70 personas detenidas son víctimas de maltratos y abusos

Por su parte, la abogada Lirieth Rodríguez señaló que al menos 70 personas fueron llevadas a la provincia de Veraguas tras su detención en la ciudad de Changuinola y estos son víctimas de maltratos y abusos.

La letrada indicó que los apresados fueron golpeados y a muchos les impidieron tomar alimentos y les dieron perdigones para «comer», además de sufrir maltrato físico, psicológico y hasta sexual.

De acuerdo con el informe de los abogados pese a que a los detenidos no se les han establecido medidas cautelares, se les mantiene en celdas con delincuentes comunes, a lo que el Ministerio de Seguridad no ha ofrecido explicaciones, según el informativo.

Para el abogado Gonzalo Mocada, lo más elemental es determinar cuál es la ubicación exacta de todos los detenidos, ya que “ninguna autoridad la ha dado con certeza”.

El jurista expresó que fue ilegal suspender el derecho a habeas corpus porque Panamá está adscrito a tratados y convenios que prohíben esa medida.

Autoridades aseguran que los detenidos estarían vinculados a grupos delincuenciales

Mientras las autoridades aseguran que los detenidos estarían supuestamente vinculados a grupos delincuenciales, algo negado, según los testimonios recogidos por los abogados.

También trascendió que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenó al corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo de esos profesionales y deja a la población sin acceso a información independiente.

Panamá suspende garantías constitucionales por protestas y disturbios

A través de su Programa de las Américas, el CPJ instó al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el descrédito de periodistas y las amenazas de procesarlos penalmente por cubrir las protestas locales.

De otra parte el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y organismos de Derechos Humanos solicitaron solidaridad con el pueblo ante la crisis económica, social, política y del sistema de justicia que enfrenta Panamá.

En un comunicado , al que tuvo acceso Prensa Latina, se señala que las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos de América Latina adscritas a la Comunidad de Protección, expresaron el profundo dolor, indignación y solidaridad ante las graves denuncias que claman desde el istmo, particularmente en las regiones donde las comunidades están siendo violentamente reprimidas en el contexto de la protesta social.

Expresamos nuestra adhesión y respaldo a la Iglesia Católica en Panamá en su esfuerzo decidido por crear puentes de acercamiento entre las autoridades y las organizaciones que exigen ser escuchadas, para abrir caminos hacia la superación de esta crisis, subraya el documento.

Activistas de Panamá señalan evidencias sobre abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas policiales

Los activistas señalan evidencias sobre abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, vejaciones, amenazas con armas, incursiones a viviendas con gases lacrimógenos, y ataques directos a población civil -incluyendo a niños, adultos mayores y personas que no participaban de las manifestaciones.

La represión ejercida, con especial dureza, contra indígenas y liderazgos comunitarios bajo el argumento de “restaurar el orden” constituye un retroceso alarmante en la garantía de los derechos colectivos, culturales y territoriales de los pueblos originarios agrega esa declaración.

Esos colectivos llamaron al Estado panameño y a sus instituciones, a cesar de inmediato toda forma de represión, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y abrir espacios de diálogo genuino y transparente.

También instaron a la Defensoría del, a actuar con firmeza y conforme a su mandato constitucional, centrando su labor en la defensa de los más vulnerables y evitando acciones que contribuyan a deslegitimar sus justas denuncias.

Asimismo, solicitaron a organizaciones y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a enviar misiones de observación, documentar las violaciones y activar los mecanismos pertinentes de protección internacional.

Casi 200 detenidos y un muerto tras brutal represión en Panamá