Justicia ordena a Gobierno argentino aplicar Ley Universitaria tras paro

‎La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el Gobierno Nacional aplique de manera «inmediata» la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en el año 2025, según confirmaron fuentes judiciales.

‎La resolución se emitió tras tres semanas de paro nacional universitario que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial para trabajadores docentes y no docentes.

‎El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución.

En ese sentido, se reafirma la obligación del Ejecutivo de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

‎Asimismo, la resolución establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo.

La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.

‎Emiliano Yacobitti, Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló: «Con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las Universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado.

Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas».

‎Por su parte, Pablo Perazzi, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes de la UBA (FEDUBA), afirmó: «Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades».

‎En tanto, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de CONADU, agregó: «La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse.

La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país».

‎Alcance de la decisión judicial

‎Desde FEDUBA destacaron que esta decisión judicial constituye un paso fundamental para resguardar el sistema universitario público y reafirma la obligación del Estado de garantizar su sostenimiento conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación.

‎El fallo reconoce que el incumplimiento de la normativa aprobada en 2024 genera impactos directos sobre la operatividad de las instituciones de educación superior y sobre las condiciones laborales del personal universitario.

‎La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fundamentó su resolución en la necesidad de evitar daños irreparables al sistema educativo mientras se resuelve el fondo de la cuestión jurídica.

En este marco, se exige al Gobierno Nacional la ejecución presupuestaria correspondiente, sin dilaciones administrativas que impidan la efectiva asignación de fondos destinados a salarios, infraestructura y funcionamiento de las casas de estudio.

‎Fuente: teleSUR

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