Una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin, emitió la Corte Penal Internacional (CPI), por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra en Ucrania.
El tribunal ubicado en La Haya, refiere la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso, hecho que califica como un crimen de guerra y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
La decisión se tomó en base a los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma).
El comunicado de la CPI refiere que «la Sra. Maria Alekseyevna Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma).
https://www.dropbox.com/s/ul60lgx4ua1vkac/President%20Hofmanski%20-%20Arrest%20Warrants%2017032023.mp4?dl=0
CPI: Hay motivos razonables para considerar la responsabilidad
Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que la Sra. Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma)».
Por otra parte, «la Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos.
Sim embargo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova enfatizó que «las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos».
T/Agencias/LRDS
