Más de 250.000 venezolanos que viven en Estados Unidos quedarán sin protección migratoria tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), que expira este viernes 7 de noviembre.
La medida, resultado de una decisión adoptada por el Gobierno del presidente Donald Trump y ratificada por la Corte Suprema, pone fin al permiso que desde 2021 permitió a miles de ciudadanos venezolanos permanecer y trabajar legalmente en el país.
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Según explicó el abogado migratorio Haim Vásquez , al perder el estatus del TPS, los venezolanos quedarán sin ningún tipo de protección frente a procesos de deportación. “En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso judicial para ser removidos del país”, advirtió el especialista.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió en su portal web que quienes no posean otra base legal para permanecer en el país deben prepararse para regresar a Venezuela.
Vásquez señaló que solo un grupo reducido de personas que renovó su registro entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservará su documentación válida y permiso de trabajo hasta octubre de 2026.
Por su parte, Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos, indicó que la medida genera preocupación entre la comunidad venezolana y que muchas familias buscan alternativas legales. “Cada caso es distinto, pero hay incertidumbre y necesidad de información”, señaló.
Los expertos advierten que, aunque el asilo político sigue siendo una opción, no todos los solicitantes cumplen los requisitos exigidos por la ley migratoria estadounidense. En tanto, los procesos judiciales que cuestionan la decisión podrían extenderse durante meses o años.
El programa TPS fue otorgado a Venezuela en 2021 como parte de una estrategia de Estados Unidos para responsabilizar a países como Venezuela y Cuba de supuestas violaciones de derechos humanos, lo que, en la práctica, obliga a algunas personas a recurrir a declaraciones inexactas o a exagerar su situación para solicitar asilo político y evitar la deportación.
La pérdida del estatus implica consecuencias inmediatas: los migrantes afectados no solo pierden la posibilidad de trabajar legalmente, sino también documentos esenciales como licencias de conducir o seguros médicos. Además, muchos empleadores ya comenzaron a despedir a trabajadores venezolanos ante la imposibilidad de renovar sus permisos.
Ferro subrayó que el impacto de esta medida va más allá de lo administrativo. “No se trata solo de papeles; se trata de la vida cotidiana de las personas, de su estabilidad, de su derecho a mantenerse junto a sus familias”, expresó.
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