La ONU pidió este martes a Reino Unido «reconsiderar su plan» de expulsiones de migrantes a Ruanda, después que el Parlamento británico aprobara el controvertido proyecto de ley que permite la medida.
Los directores de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, y para los derechos humanos, Volker Turk, pidieron al Gobierno británico que, en su lugar, «adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos».
Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, se sumó a la petición de la ONU, solicitando a Reino Unido que no deporte a Ruanda a migrantes, como autoriza la nueva ley, que a su parecer viola la independencia de la Justicia y diversos tratados internacionales firmados por Londres.
«El Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y debería dar marcha atrás a la violación efectiva de la independencia de la Justicia que contiene esta ley», señala O’Flaherty en un comunicado emitido este martes.
O’Flaherty explica que aunque el nuevo acuerdo con Ruanda incorpora ciertas disposiciones para prevenir esa expulsión a los países de origen, el Tribunal Supremo había subrayado que hay que garantizar a las personas afectadas «la posibilidad de pedir un control judicial independiente» para determinar que el país al que sean enviadas se considera «seguro».
El problema, según su argumentación, es que la ley adoptada en la noche del lunes al martes por el Parlamento británico las priva de un verdadero recurso ante los tribunales británicos puesto que no se les permite que analicen cualquier alegación sobre el hecho de que Ruanda podría no actuar sobre ese punto conforme al tratado bilateral, vulnerando los derechos de los refugiados amparados por la ONU y por los tratados internacionales.
El proyecto de ley quedó aprobado en el Parlamento casi a medianoche de este lunes después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.
El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los migrantes expulsados.
También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.
El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo que se encarga de examinar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.
Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron numerosas veces el texto con enmiendas a la Cámara Baja.
Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación. En 2022 los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.
El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado también por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes y la Iglesia anglicana.
T: Agencias/LRDS
