Más de 500 organizaciones sociales colombianas –agrupada en tres grandes plataformas de derechos humanos– presentaron este martes un crudo balance del tercer año del gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos, en el que advierten, entre otras, un deterioro en este frente por cuenta de represión violenta a la protesta, escalamiento de la violencia, y aumento de la pobreza y la desigualdad, entre otras.
El informe, denominado “Lecciones del Aprendiz – Autoritarismo y Desigualdad”, fue realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. “Si los dos primeros años del Gobierno de Duque ya señalaban un deterioro de los derechos humanos en Colombia, este tercer año pasará a la historial como el peor”, alerta el documento.
En el informe también se llama la atención por el hostigamiento a la administración de justicia y a las altas cortes, así como por unas relaciones internacionales “debilitadas tanto por la respuesta dada a la protesta social, como por la injerencia indebida en varios asuntos políticos y electorales de otros países”.
En primer lugar, el texto aborda la situación de paz y la situación de defensores de derechos humanos. En ese sentido, se recuerda que en los siete primeros meses de 2021 se perpetraron 60 masacres, en las que fueron asesinadas 221 personas. En contraste, durante todo 2020 hubo 91 masacres con 381 víctimas. Por otro lado, en materia de desplazamiento forzado, las plataformas advierten un incremento de 193 % entre enero y junio de 2021, en relación con el mismo período del año anterior. En total, se calcula que hubo 44.647 personas desplazadas en ese lapso.
El informe atribuye el escalamiento de la violencia en los territorios debido a “la no implementación intencionada” del Acuerdo de Paz, a la “reinterpretación unilateral” del mismo por parte del Gobierno, graves incumplimientos de los puntos, “los obstáculos puestos frente a la salida negociada del conflicto” y la desfinanciación de las instituciones e instancias relacionadas con la paz.
T/ El Espectador/ LRDS
