El expresidente Pedro Castillo afirmó que no pretende participar de un juicio falso e inconstitucional. Acudió a la sala judicial del penal de Barbadillo —donde está recluido desde el 7 de diciembre de 2022— sin abogado y solicitó leer una misiva que había enviado anteriormente donde denunciaba la ilegalidad del juicio.
De acuerdo con corresponsal de teleSUR en Perú, Ramiro Angulo, una vez ingresó el expresidente de Perú en el juicio oral en su contra, acusado por presunto delito de rebelión cometido el 7 de diciembre de 2022, manifestó que “no se someterá a esa farsa de juicio oral”.
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En este sentido, el exmandatario alegó que los delitos por los cuales se les incrimina a él y a otros de los funcionarios de su Gobierno, dígase el de supuesta rebelión y en contra de la tranquilidad pública, “son ilegales e inconstitucionales”.
Siguiendo esta línea, Castillo señaló que él no dio ningún mensaje a la nación, sino que hizo una lectura de un pronunciamiento a título personal el mismo 7 de diciembre. Enfatizó que un mensaje a la nación habría necesitado un refrendo del Consejo de Ministros, algo que nunca ocurrió.
Señaló que tanto Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, como Aníbal Torres Vásquez, anterior ministro de Justicia y Derechos Humanos, no tienen tampoco responsabilidad en este proceso.
Asimismo, rechazó la detención, que se produjo luego de que hiciera lectura de ese pronunciamiento a título personal y denunció que fue “encañado” una vez se retiró a la embajada de México, aún como presidente en funciones.
Cabe recordar que, minutos antes de este suceso, la exfiscala peruana, Patricia Benavides, se comunicó con el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, para ordenarle la detención del expresidente sin la autorización de las autoridades pertinentes.
La Fiscalía solicita 34 años de prisión, inhabilitación de tres años y seis meses y una reparación civil de aproximadamente 17 millones de dólares para el exmandatario, quien es víctima de una guerra judicial en su contra, y desde que inició su Gobierno fue boicoteado para impedirle avanzar medidas que favorecían al pueblo y le quitaban el poder a los oligarcas.
El abogado de Castillo ha afirmado que los delitos que se le imputan no proceden debido a que el defendido no se alzó en armas, elemento fundamental para declarar un delito de rebelión.
Telsesur/LRDS
