La Fiscalía peruana inició una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los titulares de Defensa e Interior por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en diciembre y enero.
«La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», detalló la fiscalía peruana en su cuenta de twitter.
La investigación por la represión indiscriminada también involucra a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.
En un mes de Gobierno, ya son 46 los fallecidos –39 por disparos de la Policía y el Ejército– durante las protestas que estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo. Esta represión y las muertes alimentan la indignación popular y las protestas. Crecen las demandas para que renuncie Boluarte.
El pasado domingo, la Policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca, causando las 17 muertes y más de un centenar de heridos. El Gabinete ha justificado la respuesta policial.
Sin embargo, no es cierto que todos los muertos se produjeran cuando intentaban tomar el aeropuerto. El intento de tomar el aeropuerto tampoco justifica en ningún caso disparar contra pobladores desarmados, o «armados» con piedras, como hizo la Policía.
La primera muerte fue la de un vendedor ambulante de 35 años, que recibió un balazo en la cabeza. Durante el resto de la tarde y la noche con cada reporte aumentaba el número de víctimas.
