Fiscalía de Ecuador confirma la muerte de los 4 menores desaparecidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador confirmó este martes que los cuerpos encontrados la semana pasada en una zona de difícil acceso del recinto de Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, corresponden a los cuatro menores que se hallaban desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre en el país suramericano.

«Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre», informó la entidad a través de su cuenta en X.

Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Todos son del empobrecido sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, también en Guayas; por lo que la causa fue bautizada por la FGE como «caso Malvinas«.

La semana pasada, cuando se hallaron los cuerpos, dos funcionarios de la Fiscalía, que hablaron en condición de anonimato, dijeron que los cadáveres estaban calcinados y presentaban signos de violencia.

Apenas se conoció la noticia, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, emitió un comunicado para expresar su «inmenso pesar» por la confirmación de la muerte de los cuatro niños, a los que consideró «inocentes víctimas cuyas vidas fueron arrebatadas de manera brutal».

«Expreso mis más sentidas condolencias a sus padres y familiares, quienes han mostrado una valentía y dignidad incomparables en la búsqueda de la verdad en medio de la angustia. Han levantado su voz sin miedo y movilizado corazones para exigir justicia», declaró Abad en el texto, difundido a través de la red social X.

Asimismo, la vicepresidenta dispuso un luto oficial de tres días en el país. «No demos tregua hasta que los responsables de este atroz crimen enfrenten todo el peso de la ley. El Ecuador no puede tolerar más violencia ni impunidad», añadió.

De acuerdo con la versión de los parientes, los menores salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares, todos habrían salido corriendo, pero estos cuatro fueron alcanzados y subidos a esos carros.

Entretanto, la teoría de las autoridades ha variado desde la desaparición. En declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, la atribuyó a «grupos delincuenciales»; aunque, luego confirmó que los menores fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, algo que quedó evidenciado en un video.

El fiscal Christian Fárez, quien lleva el caso, indicó que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños».

Eso se suma a otras irregularidades que se le atribuyen a los uniformados en su accionar, como que no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo; no se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento; y el proceso de su liberación, ya que los uniformados dijeron que los dejaron libres en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, pero no se precisó el lugar y, además, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa.

Este martes, un juez dictó prisión preventiva contra los 16 militares de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) en servicio activo que son procesados por estos hechos. Se les imputan cargos por «presunta desaparición forzada».

El fiscal Fárez solicitó también que los uniformados sean procesados como autores directos, medidas de protección para las familias de los menores desaparecidos y su ingreso al Sistema de Protección de Testigos Protegidos y que la instrucción fiscal se extienda por 90 días.

Ludwing Álvarez Rengifo, abogado, historiador y economista, considera que existe «clara evidencia» de que fue una patrulla con 16 militares quienes habrían secuestrado y desaparecido forzosamente a los cuatro menores.

Familiares, amigos y activistas de los cuatro menores se concentraron a las afueras de la unidad judicial desde antes de que se instalara la audiencia.

T: RT Actualidad

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