Durante la víspera, la referida entidad le impuso multas por un valor superior a los cinco mil millones de pesos (más de un millón 300 mil dólares al cambio actual) a los partidos Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana (la colectividad política del jefe de Estado), así como a quien fuera el gerente de campaña, Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Soto.

El motivo de la sanción, según alude el CNE, responde a la presunta recepción de recursos de orígenes no permitidos y a la violación de los topes establecidos para la financiación.

El gobernante rechazó en términos muy firmes las imputaciones

Tras el anuncio, el gobernante rechazó en términos muy firmes las imputaciones y afirmó que esa decisión no es más que la oposición multándolos.

“No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que las de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición. Si los sindicatos apoyan partidos son sobretopes; pero si son los banqueros, no”, denunció en su cuenta de la red social X.

Añadió que los pagos a los testigos electorales, a cuyo empleo tienen derecho los partidos y la ciudadanía, no constituyen gastos de campaña por lo que no se pueden contabilizar dentro del proceso.

“Que la oposición deje de ser mentirosa y antidemocrática”, pidió.

Remarcó el Presidente que no hubo un solo peso del narcotráfico en su campaña

Remarcó Petro que no hubo un solo peso del narcotráfico en su campaña y que, tras años de investigación de la oposición, que es mayoría en el CNE, no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo asociara a fuentes ilícitas.

La sanción va más allá de una medida administrativa, según advirtió el partido UP.

En un comunicado, la colectividad calificó la medida como “una herramienta de carácter político cuyo efecto es sembrar incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que condujo a la elección del actual presidente de la República, comprometiendo la estabilidad institucional y el actual proceso de fusión del Movimiento Político Pacto Histórico”.

Existe una estrategia de carácter jurídico y político para dañar “el proyecto del cambio”

Su secretario general, Gabriel Becerra, advirtió además que, sobre la base de esa decisión, quienes promovieron la sanción buscarán “ir al Congreso, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a pretender golpear al presidente”, en tanto remarcó que existe una estrategia de carácter jurídico y político para dañar “el proyecto del cambio”.

Reconoció que se trata de la conclusión de una investigación que se hizo de manera extemporánea cuando habían vencido todos los términos para ese tipo de pesquisas.

El exsenador Gustavo Bolívar alertó por su parte que esta medida será esgrimida como una excusa para poner reparos en el otorgamiento de la personería jurídica del Pacto Histórico como una única agrupación política y en el pretenden integrarse la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista.

La cuestión a la que alude el excongresista tiene que ver con que si bien el CNE aprobó la fusión de las organizaciones, también la condicionó a la resolución de esta investigación.

De no recibir su reconocimiento legal en la semana venidera, el Pacto Histórico se vería impedido de registrar a sus aspirantes al Congreso para las elecciones al órgano legislativo de marzo de 2026 puesto que el plazo de inscripción cierra el 8 de diciembre próximo.

Asegura Petro que la decisión del CNE constituyó un acto extemporáneo

El presidente Petro fue enfático al asegurar que la decisión del CNE constituyó un acto extemporáneo, parcializado y políticamente motivado.

Entre otros elementos, su aseveración se basó en que uno de los conjueces convocados para dirimir el tema, y que a la postre votó a favor de la sanción, Majer Abushihab, demandó antes a varios militantes del Pacto Histórico y fungió como abogado de la campaña del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los confesos opositores del gobernante.

También cuestionó la decisión tomada contra su campaña, en la que no pudo probarse que entraran dineros de procedencia ilícita, mientras que nunca fueron examinados los vínculos entre el expresidente Iván Duque (2018-2022) y José Guillermo Hernández, alias Ñeñe, quien fue un traficante de drogas.

Tras el anuncio de la sanción, la UP anunció que, con ayuda de su equipo jurídico, darán todas las respuestas de carácter legal a nivel nacional e internacional contra lo que su secretario general describió como una “nueva afrenta y ataque contra los derechos de la UP, de la Colombia Humana, del Pacto Histórico y del presidente”.

Presidente Petro repudió medida de firma italiana tras sanciones de EE. UU.