Esas fuerzas son la Central Obrera Boliviana (COB), que realizará un cabildo en el municipio de El Alto este viernes; los transportistas, con un paro escalonado desde el próximo martes; los campesinos e indígenas, con una marcha hacia La Paz; y el magisterio, que también avanzó hacia la capital política del país con el objetivo de asistir al cabildo convocado por la COB.

La central sindical llamó a sus afiliados a la manifestación en El Alto este 1 de mayo, en una concentración que tendrá como escenario la avenida Panorámica.

Según los organizadores, la convocatoria tiene lugar ante la negativa del Ejecutivo de atender su pliego de demandas, rechazado en un 80 por ciento y sin responder en 20 puntos porcentuales.

El principal reclamo de la COB, era un incremento salarial del 20 por ciento, lo cual fue refutado de plano por los empresarios con el apoyo de los representantes gubernamentales.

“Nos niegan los veedores para el cabildo del 1 de mayo, de manera anticonstitucional. En este sentido, una vez más denunciamos también a la comunidad internacional que en Bolivia se están vulnerando los derechos fundamentales (…)”, advirtió este jueves a las puertas del TSE el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

El líder sindical proclamó ante decenas de personas que, con esa decisión, se violan los derechos fundamentales de los trabajadores bolivianos.

Paralelamente, el miércoles último, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció tras un ampliado realizado en Santa Cruz de la Sierra que desde el próximo 5 de mayo el sector iniciará un paro escalonado.

Las demandas de este gremio incluyen una solución al abastecimiento de combustible de calidad, el resarcimiento económico debido al daño generado en miles de motores por la denominada “gasolina basura”, la mejora de carreteras del país y el rechazo a una eventual privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el líder de este gremio, Lucio Gómez.

Otra protesta protagoniza una marcha iniciada hace 23 días por indígenas y campesinos procedentes de los departamentos de Pando y de Beni, cuya exigencia principal es la derogación de la Ley 1720, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad de la tierra en mediana y su hipoteca, lo cual es considerado por sus críticos como una puerta abierta a la expansión del latifundio.

Por su parte, el sector del magisterio también protesta contra el Gobierno en una marcha iniciada en la localidad de Achica Arriba, Calamarca, cerca de la urbe alteña, y debe culminar cuando esta fuerza se sume este viernes al cabildo convocado por la COB.

Frente a todo este panorama convulso, el sábado último el presidente Rodrigo Paz aseguró en sus redes sociales que no teme a las movilizaciones y que su principal preocupación es no poder ofrecer soluciones para el futuro del país.

En Quito, la movilización de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, avanza a  hacia la plaza de Santo Domingo en medio de la presencia de militares y policías en distintos puntos del recorrido.

El dirigente del Frente Popular, Nelson Erazo, cuestionó el despliegue de fuerzas del orden y dijo que la presencia de tanquetas cerca del inicio de la marcha es un mensaje de amedrentamiento.

A su vez, reclamó que se detenga el incremento del costo de vida porque los ecuatorianos “ya no dan más”.

Erazo también sostuvo que la jornada marca el inicio de nuevas acciones, como el proceso con el cual diversas organizaciones buscarán recolectar firmas para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa, a quien responsabilizan del actual deterioro de las condiciones del país.

El presidente nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, aseguró que la ciudadanía sale a las calles este viernes en un contexto de descontento generalizado y también cuestionó la participación de militares en las protestas.

El titular de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, insistió en que mayo no termina con estas acciones en las calles el 1 de mayo, sino que es el arranque de una agenda de lucha y denunció el despido de 100 docentes esta semana.

El dirigente informó sobre la llegada de una misión sindical internacional vinculada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para observar la situación laboral en Ecuador.

También adelantó una nueva jornada nacional de movilización prevista para el 28 de mayo con demandas en salud, educación y empleo.

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, señaló que el 70 por ciento de ecuatorianos está en el subempleo, es decir, laboran en condiciones inadecuadas, sin garantías o en la informalidad.

Villavicencio indicó que las protestas se desarrollan bajo consignas de seguridad, democracia, justicia social y trabajo digno.

Entre las medidas cuestionadas figuran la flexibilización laboral como esquemas que permiten jornadas de hasta 10 horas diarias y despidos en el sector público tras reformas que facilitan desvinculaciones.

“Poner tanquetas, militares y policías habla mucho de cómo este gobierno se está encaminando a la dictadura de la oligarquía. (…) No podemos permitir que este tipo de gobiernos autoritarios y dictatoriales se monten encima de la soberanía del pueblo ecuatoriano”, subrayó Bedoya.

Gremios sindicales de las ciudades Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Ambato y Loja también marchan este 1 de mayo, reseña Prensa Latina.

Clamor global del Primero de Mayo: Trabajadores exigen justicia social