Sobre esta disposición, Jesús Díaz, director del periódico “Lucha”, del Partido Comunista del Trabajo (PCT), afirmó a Prensa Latina que el acuerdo de San Isidro constituye “una decisión lesiva a la soberanía y un peligro para la estabilidad regional.

Sostuvo que el anuncio sobre el uso temporal por Washington de ambas instalaciones para operaciones de reabastecimiento, traslado de equipos y apoyo técnico a aeronaves dedicadas supuestamente a la lucha contra el narcotráfico regional “debe ser recibido con la más profunda y enérgica repulsa nacional”.

Aunque se presenta bajo el pretexto del combate al narcotráfico —una lacra que repudiamos—, este acuerdo es, en esencia, una medida profundamente lesiva a la soberanía nacional, puntualizó.

A la vez, añadió, representa una amenaza desestabilizadora para el equilibrio geopolítico del Caribe y América Latina, en especial por su cercanía a naciones como Cuba y Venezuela.

Para el también vocero del PCT, es ingenuo y potencialmente peligroso aceptar sin cuestionamientos que la única finalidad de esas operaciones logísticas es el combate al narcotráfico.

“La posición geográfica estratégica de la República Dominicana, su cercanía con Cuba y Venezuela, y la conocida política de confrontación de Estados Unidos hacia estos países, convierten este acuerdo en un punto de apoyo que trasciende lo puramente antidrogas”, apuntó.

República Dominicana autoriza a EE.UU. uso de sus bases aéreas para operaciones del Pentágono

República Dominicana se arriesga a ser arrastrada a conflictos o agendas que no le son propias

“Hay otro elemento a considerar: la República Dominicana se arriesga a ser arrastrada involuntariamente a conflictos o agendas que no le son propias.

La infraestructura de apoyo que se pretende instalar opera en una región marcada por intereses geopolíticos complejos, lo que podría afectar la estabilidad que hoy caracteriza al Caribe y generar tensiones que terminen lesionando a naciones del área, asentó.

El presidente dominicano, Luis Abinader, argumentó que la decisión de ampliar de forma temporal la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico se adoptó en estricto cumplimiento de las leyes dominicanas y de los acuerdos bilaterales.

Recordó que en 1995 el entonces gobernante Joaquín Balaguer firmó con Estados Unidos el acuerdo de interdicción marítima y aérea, instrumento que fue extendido mediante un protocolo de enmienda en 2003.

Estos acuerdos establecen reglas claras, que exigen que toda operación cuente con autorización previa y el acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, afirmó la víspera durante una conferencia de prensa al término de una reunión con Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

La víspera, el secretario de Guerra reconoció al gobierno dominicano como su principal aliado en la lucha contra las drogas y la inseguridad en la región, tras un encuentro con Abinader en el Palacio Nacional.

En ese sentido, en el marco del acuerdo de cooperación bilateral, el Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico, según la versión oficial.

Entre estas se encuentra la Operación “Lanza del Sur”, anunciada por Hegseth el 13 de noviembre pasado, lo que muchos ven como una creciente amenaza contra Venezuela.

Una treintena de organizaciones políticas y sociales rechazaron la visita de Pete Hegseth

Este miércoles, una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas rechazaron la visita a este país de Pete Hegseth, a quien declararon persona no grata.

Sostuvieron que su presencia en territorio dominicano constituye un acto hostil contra la soberanía nacional, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica.

El PCT alertó en un comunicado que el acceso de una potencia militar extranjera a infraestructuras estratégicas del país, aun bajo el pretexto de cooperación antinarcóticos, compromete la independencia plena de la República Dominicana sobre su territorio.

En la misma línea, el Frente Amplio consideró la autorización del presidente Abinader «como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos».

Advirtió que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional, abre brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, en especial en el contexto de la creciente confrontación de Estados Unidos con Venezuela.

Organizaciones dominicanas rechazan visita del secretario de guerra de EEUU