El gobierno de Argentina envió en la noche ayer al Congreso de esa nación el llamado a sesiones extraordinarias para debatir, entre otros aspectos un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el tema judicial, el Ejecutivo incluye también la ampliación de la composición del Máximo Tribunal que ya tiene media sanción en el Senado.
El temario fijado por Alberto Fernández comprende un ambicioso listado de 27 proyectos, entre los cuales se encuentran varias iniciativas judiciales enterradas hace tiempo en el Congreso debido a la imposibilidad de arribar a acuerdos con la oposición.
Luego de que la coalición de derecha Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
«Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación», deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Expectativas en torno al juicio político y la reforma del Poder Judicial
En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados. En la Cámara baja, los números para la sanción no están. No solo por el rechazo de Juntos por el Cambio, sino por la oposición de gran parte de los bloques «del medio». El escenario no pareciera que fuera a cambiar.
En el caso de la designación del procurador —un cargo que está siendo ocupado de manera interina hace cinco años por Eduardo Casal—, el pliego de Rafecas está trabado en el Senado, en donde se necesitan los dos tercios para poder aprobarlo.
El objetivo del oficialismo es incluir en la iniciativa todos los pedidos de juicio político que se realizaron contra los actuales magistrados de la Corte en los últimos años.
El resto de los 27 proyectos
Al igual que el año pasado, el Ejecutivo decidió encarar el verano de extraordinarias con un ambicioso temario. El desafío del gobernante Frente de Todos, será evitar el desenlace de la convocatoria del 2022, que se caracterizó por no haber logrado aprobar ni una sola ley.
En el Ministerio de Economía tienen el ojo echado a un conjunto de proyectos cuya aprobación consideran imprescindible. Este es el caso de la Ley de blanqueo —o, más formalmente, la «Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino»— que apunta a utilizar el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos como palanca para atraer los dólares de los argentinos que están sin declarar en el exterior. Otro es el «Monotributo Tech», un proyecto que crea un tipo de régimen simplificado para que exportadores de servicios —como los gamers— puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas.
El temario también incluye otras iniciativas económicas como el régimen de fomento al desarrollo Agroindustrial, la modificación de la Ley de prevención del lavado de activos —con la que se busca adecuarse a los estándares internacionales—, y una Ley de promoción de nuevas energías. Está, además, el proyecto por el cual se busca modificar la ley de Presupuesto: esta iniciativa, que todavía no fue presentada en la Cámara de Diputados, debería instrumentar los mecanismos que le permitan al Tesoro recaudar los fondos para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el incremento de coparticipación que falló la Corte Suprema.
T/ Página12/ LRDS
