El encarcelamiento de dirigentes de bloqueos en que desde hace 35 días movimientos sociales de Bolivia exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, resulta premonitorio este viernes de un reforzamiento de la represión contra estas medidas de presión.

La Justicia confirmó este viernes la detención preventiva por 180 días en la cárcel de San Pedro del dirigente vecinal de La Paz Justino Apaza, investigado por su presunta participación en la organización y promoción de las medidas de presión que en más de 100 puntos persisten en seis de los nueve departamentos del país.

Esta medida fue dispuesta durante una audiencia cautelar y establece que el acusado permanezca tras las rejas mientras avanzan las pesquisas.

La investigación del Ministerio Público incluye presuntos delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y contra los servicios públicos.

Esta pesquisa forma parte de las acciones iniciadas por la Fiscalía contra dirigentes identificados como impulsores de las movilizaciones que persisten desde que el 1 de mayo último la Central Obrera Boliviana convocó a este tipo de movilizaciones.

Apaza tuvo una destacada participación en un cabildo en la ciudad de El Alto

Poco antes de su arresto, Apaza tuvo una destacada participación en un cabildo en la ciudad de El Alto, donde instó a mantener las medidas de presión y los bloqueos en carreteras y accesos a las ciudades de La Paz y El Alto.

Tras la aprehensión el miércoles último en la puerta de su vivienda, familiares de Apaza denunciaron que el operativo se realizó sin que se exhibiera una orden judicial y mediante la reducción por la fuerza.

Apenas horas después de esta captura, este jueves, una operación criticada por familiares de la exsenadora afín a Evo Morales, Simona Quispe concluyó con su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz.

Según la hija de Quispe, la exlegisladora de origen aymara fue reducida ante ella mediante la fuerza por encapuchados y subida a un minibús de color blanco sin chapa de circulación.

Igual suerte corrió el mismo día la secretaria de la Federación cocalera Carrasco, Yesenia Vargas, afín al expresidente Evo Morales.

Vargas llegó procedente del Trópico de Cochabamba a la ciudad de EL Alto para unirse a las marchas y bloqueos.

Poco antes de su arresto, afirmó en una entrevista concedida a la Radio Kawasachun Coca que “estamos aquí, estamos firmes, porque tiene que salir este Gobierno. No voy a permitir que este Gobierno esté cinco años más y esté saqueando a nuestro país”.

La víspera, el Senado aprobó en primera y segunda lectura el Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción y remitió a la Cámara de Diputados esa normativa que abre puertas a un mayor grado de represión contra marchistas y bloqueadores.

Seguidores de Evo Morales alertas frente a plan del Gobierno de Bolivia

Sectores afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales permanecen hoy en emergencia tras la denuncia de un plan en marcha denominado Delta Ñ para capturarlo en el Trópico de Cochabamba con participación nacional y extranjera.

Según afirmó el primer exmandatario indígena boliviano, la información le fue filtrada desde el mismo gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz, y quienes encabezarían el operativo serían un coronel al cual identificó como Edson Rojas y un mayor de apellido Ayala, a los que mencionó sin precisar si pertenecen a la Policía o a las Fuerzas Armadas.

“No echen la culpa a algunos compañeros nuestros que estén espiando, no, no. Entre ellos que se controlen, información de primera, primera mano, que viene de los mismos ministros de Rodrigo Paz”, sostuvo durante un discurso en la sesión de Honor por el aniversario 56 del Municipio de Villa Tunari.

Insistió en que el operativo en ciernes “se llama Delta Ñ, en vez de decir una operación en Lauca Ñ, (…). Hay hombres sanos, honestos y patriotas que nos informan permanentemente, después de ejecutar la Delta Ñ dictar estado de excepción”, comentó Evo Morales.

Añadió que a continuación la agencia de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) se encargaría de llevarlo desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, a Lima o Buenos Aires, para de ahí despacharlo a Estados Unidos.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde que fue emitida una orden de aprehensión durante el Gobierno de Luis Arce por presunto tráfico agravado de persona, y allí lo protegen miles de sus correligionarios en varios anillos de seguridad.

El 16 de mayo último, líderes de esta zona cochabambina, acompañados de cientos de comunarios, se presentaron de madrugada en la Novena División del Ejército y pidieron informes a su comandante, general Franz Andrade, sobre la supuesta presencia de efectivos de unidades especiales, cuya misión sería la captura de Morales.

Recordaron entonces los líderes territoriales que la Novena División fue utilizada el 27 de octubre de 2024 en un intento de acabar con la vida de Morales bajo el mando del exministro de Gobierno del Ejecutivo de Arce, Eduardo del Castillo, y que en esa operación su auto recibió 14 impactos de bala.

Dos semanas antes, Morales denunció en sus redes sociales que estaba en marcha un operativo instruido por Estados Unidos para su captura o asesinato.

En ese mensaje, precisó que, además, participaría la Agencia Antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) e identificó a cuatro jefes militares, que estarían “al mando de marines norteamericanos y agentes de la DEA paraguayos, a quienes no les importa masacrar a hermanos y hermanas que residen en el Trópico”.

Organizaciones de Bolivia continúan protestas y exigen renuncia del presidente Rodrigo Paz