La Fiscalía de México dictó prisión preventiva para el exprocurador general Jesús Murillo Karam, un día después de ser detenido y acusado de «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia» en el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Murillo Karam es el exfuncionario de más alto rango en ser arrestado por la masacre ocurrida en el sureño estado mexicano de Guerrero. Su captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera verdad y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación del informe de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un crimen de Estado.
Los argumentos de la detención
La «prisión preventiva justificada» dictada el sábado por la noche para Murillo Karam fue impuesta «para garantizar su comparecencia a la audiencia» del próximo miércoles, donde se determinará si se lo juzga por cargos relacionados al caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que existe un alto riesgo de fuga, al disponer de una cuenta con más de 85 millones de pesos (unos 4,3 millones de dólares) y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.
«Usted presentó una versión de la verdad histórica de los hechos que frustró y desvió otras líneas de investigación, contribuyendo al ocultamiento del paradero de los 43 normalistas», dijo Lidia Bustamante Vargas, fiscal del caso en la audiencia inicial en la que el exfuncionario fue imputado. Visiblemente cansado y molesto, Murillo Karam aseguró que con la determinación de la FGR «se derrotó la presunción de inocencia», una declaración que fue reprochada por los fiscales del caso, que pidieron no hacer declaraciones apresuradas.
Durante la audiencia que duró cerca de 12 horas, Murillo Karam solo habló para decir que no había desayunado y para solicitar 144 horas extras para juntar pruebas a su favor y que su defensa «pueda preparar cosas que puedan probar claramente qué pasó y cómo pasó», de acuerdo al diario El Sol de México. Uno de los abogados defensores de los padres de los 43 normalistas, Sergio Aguirre, apoyó el pedido de la Fiscalía al asegurar que el exprocurador «les ha causado graves agravios y les alejó de conocer la verdad del paradero de sus hijos»
¿Quién es Murillo Karam?
Murillo Karam fue detenido el viernes en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia. Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre del 2000.
En marzo de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un video que pudo obtener de la Secretaría de Marina (Semar) en el que se puede apreciar a integrantes de esa fuerza recorriendo el basurero de Cocula, pieza clave de la derrumbada «verdad histórica». En esas imágenes se puede observar al entonces titular de la Procuraduría, Murillo Karam, visitando el lugar el 26 de octubre de 2014, en una visita que no se documentó en ningún expediente del caso y de la que se plantean numerosos interrogantes.
Además de la detención de Murillo Karam, la FGR informó el viernes que obtuvo órdenes de captura contra 20 militares, 44 policías y cinco funcionarios estatales igualmente vinculados al crimen de los 43 estudiantes. También se autorizó la captura de 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos autores del asesinato.
El funcionario de mayor nivel que es buscado por este caso es Tomás Zerón, quien era jefe de la Agencia de Investigación Criminal y es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia. Zerón, quien alega persecución política, se encuentra en Israel, donde ha pedido asilo, y México gestiona su entrega en base a un acuerdo de colaboración jurídica.
La caída de la verdad histórica
Una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde 2014, según un informe presentado por el gobierno de México. La responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas no fue incluida en la llamada verdad histórica planteada por el gobierno de Peña Nieto. Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Esa tesis es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe de marzo, ese grupo denunció las manipulaciones en el basurero y acusó a autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos. También sostuvo que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas dos días antes de su desaparición, por lo que sabían «qué estaba ocurriendo».
El subsecretario de derechos humanos de México, Alejandro Encinas, aseguró que el Ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela, quien informaba de las actividades estudiantiles y cuyo paradero se desconoce también desde el 26 de septiembre, cuando envió su último reporte.
La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala para conseguir colectivos en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar de otra masacre estudiantil, la de Tlatelolco, que tuvo lugar el dos de octubre de 1968.
T/ Página12/ LRDS
