El gobierno de Ecuador aceptó ayer volver a un diálogo con los movimientos sociales e indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabasto de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país.
Horas antes, el presidente, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según su gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos, mientras la Conaie denunció un hpresunto intento de dividir a esa organización promovido por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció, junto con la organización de indígenas evangélicos (Feine), que hoy “participaremos en este proceso de diálogo” en busca de resultados, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó la convocatoria para una amplia movilización pacífica este jueves.
“Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la CEE”, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. La CEE es el máximo organismo de la Iglesia católica en Ecuador.
“Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine (organización de indígenas evangélicos) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras) que dirigieron una comunicación a la CEE y en función de esa respuesta y de la mención explícita del gobierno nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación”, afirmó Jiménez, según el diario El Comercio.
Respecto de la negativa de Lasso de volver a pláticas con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que al haber aceptado el proceso de mediación “nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y parte. No queremos poner condicionamientos”.
Aún no se conoce el día ni la hora ni quiénes participarán en la mesa de diálogo.
El ministro pidió a las organizaciones indígenas que no haya “más brotes de violencia”, que pondrían en peligro las nuevas conversaciones.
Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, a partir de ayer por 30 días, informó el diario local El Universo. No incluyó a Pichincha, donde se encuentra Quito, y epicentro de las movilizaciones. La medida fue tomada por una “grave conmoción interna”, según el decreto difundido por la Secretaría de Comunicación de la presidencia.
Estas provincias “concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas”, lo que afecta “el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía”, y destacó que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno hospitalario y combustibles.
En el contexto del estado de excepción, Lasso estableció como “zona de seguridad” los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca de 30 por ciento de los ingresos.
El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.
En ese contexto, Lasso cesó a los gobernadores de Sucumbíos y Loja, Mario Mancino y Darío Domínguez, respectivamente, informó la Secretaría de Comunicación, indicó El Universo.
Antes, la Conaie, denunció un intento de dividir a esa organización. “Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la policía en medio de vallas y púas. El ‘gobierno ausente’ desconectado del pueblo”, tuiteó.
En Quito, al grito de “No queremos 10 centavos, queremos resultados”, cientos de indígenas marcharon pacíficamente para pedir la reanudación de las negociaciones. Los alrededores del presidencial palacio de Carondelet estuvieron bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.
Antes, manifestantes incendiaron dos estaciones de policía en el norte de la capital. La policía confirmó que las unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas, sin embargo los agentes lograron huir a tiempo.
Por lo pronto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi llamó a una marcha masiva hoy hacia Quito, a la que se sumará el Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación.
Las represión gubernamental ha dejado seis muertos y más de 600 heridos.
T/ Agencias/ LRDS
