El Gobierno de Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de toda actividad relacionada con ese organismo internacional y «todos sus mecanismos satélites», en rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al presidente Daniel Ortega de instaurar un Estado autoritario con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un comunicado dirigido al presidente de dicho consejo, Jürg Lauber, la Cancillería calificó de irrespetuosos esos mecanismos, y afirmó que Nicaragua no se ve siendo parte y cómplice de atropellos contra la soberanía, igualdad de los Estados y la dignidad de los pueblos.
El documento hace referencia al autodenominado “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua” incluido en el tema dos de la agenda: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del secretario general.
Firmado por el canciller Valdrack Jaentschke, el texto señaló que una vez más el referido consejo viola su propia normativa contenida en la resolución 62/51 aprobada el 15 de marzo de 2006.
Según Nicaragua, en ese documento se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización.
“El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no lo reconoce, al igual que los informes anteriores, declaraciones, comunicados y actualizaciones de la Oficina del Alto Comisionado la ONU para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos”, resaltó.
Añadió que tales mecanismos cotidianamente instrumentalizan los Derechos Humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía.
De acuerdo con el texto, esos mecanismos se constituyen no solo en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor del gobierno sandinista, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense.
Al respecto, la cancillería afirmó que pretenden impedir el avance en educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad alimentaria, energía, agua y saneamiento, entre otros logros.
“El autodenominado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en la caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense”, enfatizó.
En ese sentido, resaltó la destrucción y daños incuantificables a la economía nacional, “los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha condenado y declarado ilegales por ser violatorias del Derecho Internacional”.
T: Prensa Latina
Parlamento aprobó reforma parcial a Constitución de Nicaragua
