Parlamento venezolano sanciona por unanimidad Ley Orgánica de Minas
El instrumento jurídico, aprobado en segunda discusión, tiene como objetivo modernizar, regular y potenciar la actividad minera en todo el territorio nacional
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela sancionó por unanimidad este jueves la Ley Orgánica de Minas durante su sesión ordinaria. El instrumento jurídico, aprobado en segunda discusión, tiene como objetivo modernizar, regular y potenciar la actividad minera en todo el territorio nacional bajo un esquema de soberanía.
El texto legal establece las bases para el desarrollo económico de la República, asegurando que los recursos del subsuelo venezolano se traduzcan en bienestar directo para el Poder Popular. Esta normativa sustituye marcos anteriores para adaptar la gestión de los minerales a las necesidades actuales del Estado.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que esta ley fortalece la soberanía sobre los recursos naturales. El debate legislativo incluyó la definición de artículos clave para la creación de empresas mixtas, mecanismo que permitirá la inversión estratégica bajo control estatal.
La normativa incorpora garantías estrictas de protección ambiental y parámetros de sustentabilidad. El Poder Legislativo busca que la explotación de minerales se realice con respeto a los ecosistemas, garantizando la viabilidad del sector a largo plazo.
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La sanción de la Ley Orgánica de Minas representa un avance en la actualización del sistema legal venezolano. Rodríguez señaló que el proyecto garantiza que la riqueza extractiva impulse el aparato productivo nacional y modernice la administración de las concesiones y actividades conexas.
Con la aprobación de la totalidad de sus artículos, el Parlamento remite la ley al Ejecutivo Nacional para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.
Regulaciones y control estatal de la nueva Ley
El artículo 74 de la nueva norma prohíbe a funcionarios del Estado y sus familiares obtener títulos mineros. La restricción impide su participación como accionistas en cooperativas o sociedades mercantiles del sector. Esta limitación se mantiene vigente hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de sus cargos.
El Banco Central de Venezuela posee el derecho preferente de compra sobre el oro extraído en territorio nacional según el texto legal. La nueva norma otorga a la institución financiera la prioridad para adquirir el mineral resultante de cualquier actividad minera. Esta medida asegura el control estatal sobre las reservas de metales preciosos.
El artículo 91 de la nueva ley establece el pago de regalías al Estado con una tasa de hasta el 13% de la producción bruta. El cálculo se realiza sobre el valor comercial del producto final. El artículo 92 faculta al ministerio competente para determinar los parámetros de cobro, el cual podrá exigirse en dinero o en especie.
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El Estado se reserva la actividad primaria, aprovechamiento y comercialización de minerales radiactivos por razones de interés público en el artículo 36. La nueva norma otorga carácter estratégico a estos recursos y sus subproductos. El articulado garantiza el control gubernamental exclusivo sobre materiales sensibles.
La nueva norma endurece las sanciones por delitos ambientales en áreas bajo régimen de administración especial. El artículo 124 fija penas de 10 a 15 años de prisión para quienes desarrollen actividades mineras en zonas protegidas. La medida busca disuadir la explotación ilegal en ecosistemas vulnerables.
La sanción definitiva de la Ley Orgánica de Minas este jueves marca el cierre del ciclo legislativo iniciado en marzo. El Parlamento venezolano consolida un marco jurídico que prioriza la soberanía estatal sobre los recursos estratégicos y el bienestar del Poder Popular.
El nuevo esquema legal sustituye estructuras previas para dar paso a un modelo de empresas mixtas y minería sustentable. La Asamblea Nacional garantiza así el control de los minerales estratégicos y la protección de los ecosistemas nacionales. Este paso legislativo define la ruta para la captación de inversiones y el fortalecimiento de la economía nacional a través de la gestión soberana del subsuelo.
