Capturan en Texas a oficial de ICE que huyó tras balear a un hombre en Minneapolis
Christian Castro es el segundo agente federal acusado por su conducta durante la ofensiva en Minnesota
Tras permanecer prófugo por más de una semana, Christian Castro, miembro del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue aprehendido en el estado de Texas. La detención se efectuó once días después de que la justicia de Minneapolis emitiera cargos en su contra por agresión y por simulación de un hecho punible, relacionados con el incidente del pasado 14 de enero donde el ciudadano venezolano Julio César Sosa-Celis terminó herido de bala.
La localización del sospechoso de 52 años fue ejecutada por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en suelo tejano, contando con el respaldo de los Texas Rangers y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Respecto a este avance, Mary Moriarty, quien se desempeña como fiscal del condado Hennepin, manifestó: “El arresto de hoy es un paso crucial hacia adelante en nuestro procesamiento del señor Castro”.
Por el momento, los sistemas judiciales informáticos no reflejan que el imputado cuente con representación legal formal. De igual manera, instituciones como ICE, los Texas Rangers y la Contraloría de Seguridad Nacional no han emitido declaraciones oficiales ante los requerimientos de la prensa.
Versiones encontradas y las pruebas audiovisuales
El origen del suceso se remonta a una persecución en la que Castro y un compañero intentaban atrapar a un individuo llamado Alfredo Alejandro Aljorna. El seguimiento culminó en un complejo residencial de Minneapolis donde habitaban tanto el perseguido como Sosa-Celis, quienes contaban con estatus migratorio legal en el país. Según la reconstrucción fiscal, el agente disparó directamente hacia el acceso principal del inmueble, logrando impactar el muslo de Sosa-Celis. De acuerdo con el director de ICE, Todd Lyons, Castro forma parte de un dúo de oficiales que falsearon los reportes sobre lo acontecido.
Inicialmente, el entorno federal pretendió procesar a los dos civiles bajo el argumento de que habían arremetido contra la autoridad usando una herramienta para nieve y una escoba. No obstante, dichas acusaciones fueron desestimadas en el ámbito judicial federal, abriéndose un expediente interno por perjurio. Frente a esto, ICE reaccionó tildando el accionar de la fiscalía local como una estrategia meramente política y fuera de la ley. Por otra parte, la Oficina del Inspector General interviene como un ente fiscalizador autónomo dentro del Departamento de Seguridad Nacional.
En paralelo, una grabación de seguridad del municipio de Minneapolis arrojó luz sobre los instantes previos a la agresión armada. La filmación expone a un sujeto con una pala que se repliega hacia la propiedad, mientras otra persona es perseguida en la vía pública, tropieza, se reincorpora y se dirige al domicilio. Posteriormente, se observa un altercado de aproximadamente diez segundos en el pórtico de la residencia, aunque el material fílmico no permite precisar la fracción de segundo en la que se efectúa el disparo.
Conflictos jurisdiccionales y antecedentes de violencia
Este caso se enmarca en la controvertida movilización de contingentes federales ordenada por la administración de Donald Trump en las ciudades de Minneapolis y St. Paul, una campaña que, desde la perspectiva de la Casa Blanca, cumplió sus objetivos con éxito. Sin embargo, dicha presión provocó fuertes fricciones sociales, acentuadas por los fallecimientos de Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida por disparos de fuerzas federales, lo que desató protestas generalizadas contra los excesos de la autoridad.
Castro no es el único uniformado en el banquillo de los acusados por estos operativos. Previamente, el agente Gregory Donnell Morgan Jr. fue imputado por apuntar con su armamento de dotación a los ocupantes de un vehículo en plena autopista. Morgan Jr. compareció ante la justicia la semana pasada y su defensa legal se encuentra objetando los cargos criminales.
La escalada de tensión ha derivado en un choque institucional entre el gobierno central y las autoridades de Minnesota respecto a qué estamento posee la competencia para juzgar penalmente las acciones de los funcionarios federales. Ante esto, la fiscalía del condado mantiene activas las indagaciones por los decesos de Pretti y Good, e incluso interpuso un recurso legal contra el gobierno de Trump en marzo con la finalidad de forzar la entrega de las evidencias vinculadas a esas muertes y al ataque contra Sosa-Celis.
Fuente: Agencia AP
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