En una nueva escalada de tensiones por las protestas contra las redadas migratorias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a California, con el objetivo de reforzar la presencia federal en Los Ángeles y controlar las manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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De acuerdo con un comunicado emitido por el Mando Norte estadounidense, los nuevos efectivos fueron autorizados «en virtud del Título 10 para apoyar la protección de las funciones federales, personal y propiedades en el área metropolitana de Los Ángeles».

El texto aclara que los soldados no están facultados para llevar a cabo “arrestos, registros o incautaciones”, y que su misión se limitará a garantizar la seguridad y la continuidad de las funciones federales.

Este nuevo contingente se suma a los 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y los 700 marines que ya habían sido desplegados previamente en la ciudad californiana por orden de Trump, pese a la abierta oposición del gobernador Gavin Newsom, quien calificó estas acciones como un ataque directo a la democracia estadounidense.

Trump desoyó objeciones de Newsom, quien tiene competencia sobre la Guardia Nacional

Trump desoyó las objeciones de Newsom, quien por ley tiene competencia sobre la Guardia Nacional estatal, y justificó la medida bajo el argumento de una supuesta pasividad de las autoridades californianas frente a las protestas.

El jueves, un juez federal calificó como «ilegales» las decisiones del mandatario y ordenó que el control de las tropas regresara al gobernador Newsom. Sin embargo, un tribunal de mayor instancia suspendió temporalmente ese fallo tras una apelación presentada por la Administración Trump, que calificó la decisión judicial como una «intrusión extraordinaria» en las atribuciones del Poder Ejecutivo.

El mandatario estadounidense sugirió públicamente que considera invocar la Ley de Insurrección, en caso de que la situación continúe en la ciudad. Además, acusó a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las operaciones del ICE. Para respaldar su decisión, el jefe de la Casa Blanca recurrió al Título 10 del Código de Estados Unidos, que le permite asumir competencias estatales y federalizar el control de las fuerzas desplegadas.

La medida ha sido duramente criticada por autoridades locales, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros funcionarios demócratas de California, quienes acusan a Trump de agravar las tensiones y de usar la presencia militar como una muestra de fuerza política ante la creciente oposición a su política migratoria, cita Telesur.